El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva para imponer sanciones a altos cargos y trabajadores del Tribunal Penal Internacional (TPI) en represalia por la orden de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, así como contra su anterior ministro de Defensa, Yoav Gallant.
«El TPI ha impuesto, sin fundamento legítimo, su jurisdicción sobre personal de Estados Unidos y alguno de sus aliados e iniciado investigaciones al respecto, incluyendo a Israel, y ha abusado aún más de su poder emitiendo órdenes de arresto infundadas contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el ex ministro de Defensa Yoav Gallant», reza el texto.
El decreto afirma que «las recientes acciones del TPI» contra Washington y su socio «sientan un peligroso precedente», ya «ponen en peligro» al personal estadounidense tanto activo como inactivo –incluyendo miembros de las Fuerzas Armadas– y les expone a «hostigamiento, abuso y posibles detenciones».
«Esta conducta maligna amenaza a su vez con infringir la soberanía de Estados Unidos y socava la labor crítica del Gobierno de Unidos, así como de nuestros aliados, incluido Israel, en materia de seguridad nacional y política exterior», agrega.
De igual forma, recuerda que el TPI «no tiene jurisdicción sobre Estados Unidos o Israel», ya que ninguno de los países es parte del Estatuto de Roma. «Ambas naciones son democracias prósperas con ejércitos que se adhieren estrictamente a las leyes de la guerra», resalta la orden ejecutiva.
Por todos estos motivos, Estados Unidos impondrá sanciones como el bloqueo de bienes y activos, así como la suspensión de entrada en Estados Unidos a altos cargos y trabajadores del TPI, incluyendo también a sus familiares inmediatos.
Las sanciones, concretamente, se impondrán a todo aquel que haya participado en «cualquier esfuerzo del TPI para investigar, detener, retener o procesar a una persona protegida sin el consentimiento del país de nacionalidad de esa persona».
El tribunal, que rechazó los recursos previos de Israel y dictaminó que tiene jurisdicción sobre el caso, afirmó que hay pruebas de que tanto Netanyahu como Gallant buscaron a sabiendas dejar a los palestinos residentes en Gaza sin elementos «indispensables para su supervivencia», incluido el bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria.
Los jueces creen que pueden ser «penalmente responsables» del uso del hambre como método de guerra, así como de otros crímenes como asesinatos, actos inhumanos y persecución, que entrarían dentro de la categoría de crimen contra la humanidad, aceptando así la petición del fiscal jefe, Karim Khan, para que se emitieran órdenes de arresto en su contra.
La decisión supone que los países miembro del organismo deberían detener a Netanyahu y Gallant en caso de que se desplacen a su territorio, si bien varios Estados firmantes del Estatuto de Roma han afirmado ya que podrían no hacerlo, lo que ha provocado críticas a nivel internacional.
