La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha vuelto a enviar a su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho, para que le represente ante el juez Juan Carlos Peinado en la vista en la que será informada de que, si va a juicio, será juzgada por un jurado popular por todos los delitos por los que está investigada –tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo–, no solo por la supuesta malversación, como acordó en un principio.
Es la sexta vez que Gómez es citada por el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. Las dos primeras veces se acogió a su derecho a guardar silencio; y en la tercera y la cuarta decidió contestar solo a su defensa.
La quinta vez optó por no acudir, quedando representada por su letrado. Fue el pasado 27 de septiembre, cuando el juez la citó para informarla de que, en caso de ir a juicio por la pieza separada de malversación –relativa a la contratación y las actividades desarrolladas por su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez– sería juzgada por un jurado popular.
En aquella ocasión, la defensa se amparó en una circular de la Fiscalía del 29 de diciembre de 1995 sobre el proceso ante el tribunal del jurado, que fija que la presencia de los investigados en la comparecencia prevista en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado «no es indispensable».
De cara a este lunes, Peinado fijó que tanto Gómez como Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés –a los que también ha abocado a un juicio por tribunal del jurado– debían «comparecer necesariamente» asistidos de sus respectivos letrados. Sin embargo, fuentes de la defensa consultadas por Europa Press indicaron que la de este lunes es una comparecencia como la del 27 de septiembre.
A diferencia de las otras cinco veces en las que el juez citó a Gómez, en esta ocasión la decana de los juzgados de Madrid no ha activado el protocolo de seguridad habitual para que la esposa del presidente del Gobierno ingrese a la sede judicial por el garaje, por lo que estaba previsto que no acudiera presencialmente a Plaza de Castilla.
Se prevé que en la vista de este lunes las defensas pidan el archivo y que las acusaciones populares –que dirige Hazte Oír– reclamen nuevas diligencias. A este respecto, fuentes jurídicas indican que una de las acusaciones quiere pedir la imputación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para lo que Peinado tendría que dirigir exposición razonada al Tribunal Supremo (TS).
Según las fuentes consultadas, intentará que el resto de acusaciones acepten trasladar su petición al juez, pero, en caso de no conseguirlo, pedirá al instructor que disuelva la unificación de las acusaciones y reclamará en solitario la imputación del jefe del Ejecutivo.
Este paso tendría lugar después de que el propio juez Peinado razonara en una de sus últimas resoluciones que «las acciones llevadas a cabo por Gómez, derivadas de su relación de parentesco con el actual presidente del Gobierno, es la causa que se considera fundamental para poder apreciar la posible concurrencia del delito de tráfico de influencias» y los demás.
LAS ACUSACIONES SOBRE LA AUSENCIA DE GÓMEZ
Este lunes, antes de ingresar a los juzgados, Marta Castro, coordinadora jurídica nacional de Vox, que ejerce una de las acusaciones populares de la causa, se ha pronunciado sobre la decisión de Gómez de no comparecer personalmente ante el juez.
«Yo creo que hoy no habrá un gasto que se puede imputar a los españoles (…) Por lo que se ve, han decidido ahorrar», ha manifestado, al tiempo que ha afeado que el pasado 27 de septiembre se desplegara el dispositivo de seguridad aunque finalmente no acudió.
Por su parte, Javier María Pérez-Roldán, letrado de Hazte Oír, ha asegurado en declaraciones a la prensa que «el que venga o no venga Begoña Gómez es procesalmente indiferente».
Luis María Pardo, de Iustitia Europa, ha recordado que si bien la vista prevista para este lunes es «una diligencia personal», existe la circular de la Fiscalía en la que se amparan las defensas. Con todo, ha aseverado que si Begoña Gómez o cualquiera de los investigados fuesen sus clientes «les hubiera hecho venir».
