El Ministerio de Cultura ha publicado en abierto el inventario de un total de 5.126 piezas incautadas durante la Guerra Civil y el franquismo que se encuentran en los museos estatales, abriendo la puerta a familiares y herederos a reclamar su devolución.
Según ha explicado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se trata de un proyecto en el que se ha trabajado desde el inicio de la legislatura y ahora se ha podido articular gracias a un informe de la Abogacía del Estado, que ha dado las líneas para abrir el proceso de devolución mediante la vía civil, a falta del desarrollo de un reglamento de la Ley de Memoria Democrática.
El inventario ya está publicado en la web del Ministerio de Cultura y desde este departamento se ha especificado que hay piezas ya conocidas -de la colección Weissberger en el Museo de Artes Decorativas, por ejemplo-, y algunas más valiosas como una acuarela de Sorolla en el Museo Sorolla, aunque en su mayor parte son piezas ornamentales como anillos, joyas, vajillas o cerámicas.
Urtasun ha explicado que a partir de esta publicación, se irán «dando pasos» para estudiar «caso por caso» las peticiones que lleguen al Ministerio -ya se han recibido algunas-. «El paso importante era identificarlos y, pasado el tiempo, se estudiará que se hace con ese bien», ha remarcado, abriendo también la puerta a que en los museos estatales se explique el origen de las piezas con las cartelas.
La clave para poder ejercer ese derecho de reclamación viene de la mano de un informe de la Abogacía –Cultura es el primer Ministerio que cumple con la Ley de Memoria Democrática, si bien todavía no hay reglamentación para proceder a las devoluciones–. Ese documento apunta a que será «necesario clarificar jurídicamente con carácter previo» si se ha producido la usucapión por parte del Estado de los mismos, tal y como recoge Europa Press de ese informe.
La usucapión es el procedimiento por el cual alguien puede convertirse en propietario de una cosa por la posesión continuada de la misma durante un periodo de tiempo y unas condiciones establecidas legalmente. Es por ello que ahora queda analizar caso a caso para determinar si la posesión realizada por el Estado ha sido «en concepto de dueño, pública, pacífica y no interrumpida».
En cualquier caso, el informe establece una serie de criterios generales que deben servir de orientación a la hora de abordar las reclamaciones que se puedan plantear. En concreto se plantea que, respecto de los bienes que han permanecido en situación de reserva (siempre custodiados en depósito), y por tanto ocultos tanto al público como a los antiguos propietarios, procede entender que con carácter general no concurre el requisito de posesión pública y por tanto no ha operado la usucapión.
Respecto de los bienes que hayan formado parte de exposiciones, permanentes o temporales o que han sido objeto de estudio o divulgación, «es esencial un examen pormenorizado uno a uno» para determinar si los reclamantes han tenido medios y motivos para conocer de esta situación. Para eso habrán de tenerse en cuenta elementos como la ubicación del museo o la existencia de información en medios públicos u otras actividades de difusión.
Nueve museos implicados
Por último, se señala que los reclamantes deben cumplir una serie de requisitos como son acreditar la titularidad dominical sobre los bienes incautados e inventariados, así como una identificación «lo más detallada posible» del bien reclamado. «A tal efecto, es importante el papel del inventario para poder reconocer bienes», destaca el documento.
Los nueve museos estatales que han identificado entre sus fondos bienes procedentes de incautaciones realizadas durante la Guerra Civil e inmediata posguerra son el Museo del Traje-Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico, el Museo Arqueológico Nacional, el Museo Nacional del Romanticismo y el Museo Nacional de Artes Decorativas, el Museo Nacional de Antropología, el Museo de América y el Museo Sorolla, en Madrid; el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias ‘Gonzalez Martí’, en Valencia; y el Museo Nacional de Escultura, en Valladolid. Además, se ha identificado una pintura conservada en la sede del Ministerio de Cultura con el mismo origen.
Pese a que Urtasun ha evitado pronunciarse respecto a otros casos particulares como la momia guanche del Museo Arqueológico Nacional o la situación de Museos Nacionales –el Prado ya ha listado más de 70 piezas y el Thyssen cuenta con un Pissarro incautado durante el nazismo que ha estado judicializado-, ha reiterado que el objetivo es llevar este proceso «de acuerdo con todas las familias» afectadas.
El recorrido de las piezas
Durante los primeros días de la sublevación militar, el gobierno de la República creó la Junta del Tesoro Artístico (JTA), una institución dedicada a proteger de los saqueos y bombardeos los bienes culturales y almacenarlos en depósitos seguros. A medida que las tropas sublevadas fueron ocupando territorios, crearon el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional (SDPAN) que, al finalizar la guerra, se debía encargar de la devolución de las obras a sus propietarios.
Aquellos bienes que no fueron devueltos acabaron depositados en distintas instituciones y museos. La investigación en las colecciones de los museos estatales de gestión directa del Ministerio de Cultura y los diferentes archivos que custodian documentación relativa al proceso de incautación durante la Guerra Civil, permite trazar el recorrido de las piezas desde su incautación hasta la actualidad.
