El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves el decreto ley por el que se revaloriza un 11% el salario de los funcionarios públicos entre 2025 y 2028 con el único voto en contra de Vox, la abstención de Junts y el apoyo del resto de grupos parlamentarios.
El PP y Vox han reprochado este jueves al ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, que haya aprobado la subida salarial del 11% entre 2025 y 2028 para los funcionarios públicos mediante un decreto ley y sin diálogo.
Mediante el decreto se recoge el acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos UGT y CSIF para incrementar el salario de los trabajadores públicos en un 2,5% consolidable para 2025, un 1,5% para el año que viene que puede subir hasta un 2% en función de la inflación, un 4,5% en 2027 y un 2% en 2028. CCOO se sumó más tarde a este acuerdo.
Durante el debate de la iniciativa, el ministro López ha enfatizado que mediante la norma se sube el sueldo a más de tres millones de empleados públicos de todas las administraciones públicas.
«Lo merecen los héroes de la UME, que salvan vidas en mitad de cualquier tormenta. Lo merecen los veterinarios y veterinarias del Estado, que trabajan a contrarreloj para atajar la peste porcina. Lo merecen los agentes forestales, o los profesores de la universidad pública, o los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que protegen nuestra seguridad», ha subrayado López.
En el debate de la iniciativa, Sumar, Esquerra Republicana, Bildu, PNV, Podemos y BNG han avanzado su voto a favor de la convalidación, pero PP y Vox han arrojado un tono más crítico con el Ejecutivo.
VOX CRITICA QUE SE DEJE PARA FINAL DE AÑO
El diputado de Vox Pablo Sáez ha reprochado que para aprobar la subida salarial se tenga que recurrir a la figura del decreto ley, lo que en su opinión demuestra la «ausencia de una política presupuestaria» y a un Gobierno que deja «para final de año» la subida de los salarios públicos.
Del lado del PP, Ángel Ibáñez ha espetado al Gobierno que han llevado a cabo esta medida sin ningún tipo de diálogo y ha alertado de que deja sin capacidad de reacción a las comunidades autónomas que tienen que ejecutar la subida, puesto que muchas ya tienen elaborados sus presupuestos sin tener en cuenta esta revalorización salarial.
No obstante, Ibáñez ha remarcado el compromiso del PP «con la recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos» y con la estabilidad en el empleo.
