El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha negado este miércoles ante el magistrado del Tribunal Supremo que le investiga por una presunta revelación de secretos haber filtrado los correos relativos a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el jefe del Ministerio Público ha asegurado a preguntas de su defensa –a cargo de la Abogacía del Estado– que no facilitó ni los correos ni el expediente tributario sobre González Amador a ninguna persona de la Fiscalía ni de fuera de ella. También ha negado haber dado instrucciones a otras personas para hacerlo.
De igual forma, ha manifestado que no tiene constancia alguna de que la filtración se produjera desde la Fiscalía General o la Fiscalía Provincial de Madrid, ni que se intentara perjudicar a González Amador o se tratara de obstaculizar la conformidad por ser pareja de Díaz Ayuso.
García Ortiz ha optado por no contestar a las preguntas de la defensa de González Amador –solo ha respondido a su abogado y a la Fiscalía– al considerar que omitió en su querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid hechos relevantes para la investigación. En concreto, ha hecho referencia a que envió al jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, el correo cuya filtración se investiga ahora en el Supremo.
El jefe del Ministerio Público ha llegado esta mañana al tribunal a las 9.45 horas, vestido de traje gris y con una corbata con dibujos de la balanza de justicia, y entre gritos de «sinvergüenzas» de menos de una decena de personas. Ha entrado por la puerta principal del tribunal, la de las autoridades, y ha optado por no dar declaraciones a la prensa. Es la primera vez que un fiscal general declara como investigado.
El magistrado investiga si García Ortiz y los otros dos fiscales imputados filtraron el correo electrónico que el abogado de González Amador envió el 2 de febrero al fiscal de delitos económicos que le investigaba, Julián Salto, ofreciéndose a reconocer dos delitos fiscales a cambio de llegar a un acuerdo.
El instructor considera que las conclusiones de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil «aportan una información de peso» que viene a «apuntalar» la presunta participación de García Ortiz en la filtración denunciada. En concreto, destacó el informe en el que se asegura que tuvo una «participación preeminente» en dicha filtración.
De lo investigado hasta ahora, el magistrado entiende que «hay una base indiciaria para presumir que» el jefe del Ministerio Público «fue la persona que dirigió los pasos que llevaron a» dicha filtración, «aprovechando la situación de superioridad que ostentaba sobre otros fiscales».
Los móviles
En el marco de la declaración, García Ortiz ha explicado que desde que está en la Fiscalía General del Estado ha cambiado seis veces de móvil. También ha indicado que por razones de seguridad, y por ser una obligación legal, borra habitualmente el contenido de su teléfono, ya que afecta información «sensible» de causas penales.
La UCO no ha podido analizar en la causa los chats y correos del fiscal general porque, según indicó en el informe sobre lo incautado en su despacho, halló «cero mensajes» en sus dispositivos.
En un intento de recuperar dicha información, el magistrado ya pidió ayuda a Whatsapp y a Google; también ha preguntado al departamento de informática de la Fiscalía General si ha formateado los móviles –anteriores o actuales– del jefe del Ministerio Público.
Asimismo, el instructor reclamó al delegado de protección de datos de Fiscalía una copia de la normativa interna en la que se aparó el Ministerio Público para justificar que se hallaran «cero mensajes» en los dispositivos de García Ortiz; ello después de que el fiscal de delitos económicos que investigaba al novio de Díaz Ayuso negara conocer protocolo alguno para el borrado de mensajes.
