El Pleno del Senado dará luz verde a una proposición del Grupo Parlamentario Popular que exige la investigación de los 379 casos de asesinatos cometidos por los terroristas de ETA que todavía permanecen sin resolver.
Así lo establece en la proposición de ley de modificación de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.
La iniciativa, defendida por la senadora Rosa Romero, también pretende prohibir los homenajes públicos a los asesinos de ETA, se basa en el informe del 21 de abril de 2022 del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, que contiene hasta 15 recomendaciones y hoy los populares proponen una ley para adaptarlas.
La nueva ‘Ley Feijóo’ también refuerza la defensa y el honor de las víctimas del terrorismo, prohibiendo expresamente cualquier tipo de homenaje y símbolo, que supongan descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas; y se responsabiliza a las administraciones públicas responsables del incumplimiento de esta obligación.
Igualmente, los populares incorporan una disposición adicional para impulsar un procedimiento de investigación actualizado, detallado y exhaustivo para los casos no resueltos, con la participación de la Fiscalía y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Deber ético
En palabras de la senadora Rosa Romero esta ley es un “deber ético”, ya que hay principios que “no se negocian”, como que: “No se homenajea a un asesino. No se cambia el grado penitenciario sin arrepentimiento. No se silencia la verdad a las familias, aunque el crimen haya prescrito”.
La senadora por Ciudad Real explica que esta ley dota a las delegaciones del Gobierno de instrumentos legales para prohibir homenajes y actos de apoyo a terroristas, frente al Gobierno de Sánchez que “ha decidido blanquear a Bildu, no les ha exigido ni una sola condena pública al terrorismo, ha pactado con quienes secuestraban y asesinaban, ha entregado Pamplona, ha acercado presos, y ha permitido la expulsión de la Guardia Civil de Navarra y el País Vasco”.
En su opinión, es “indigno” y una “humillación” que “quienes dieron las órdenes de matar, se sientan hoy en estos mismos escaños o son socios prioritarios de este Gobierno”. Por ello, pregunta a la bancada socialista que si “de verdad merece la pena blanquear a esta gente sólo para que Sánchez continúe en La Moncloa”.
Romero defiende que “esta ley es más necesaria que nunca, porque el Gobierno, lejos de apoyar a las víctimas, las revictimiza, las desprecia y las humilla”.
“Todo por un puñado de votos. Es indecente y es una traición a la memoria de nuestro país”, afea a la bancada socialista, al tiempo que recuerda que los terroristas de ETA asesinaron a 856 personas.
Pese a todo el horror que provocó ETA, critica que hoy el Gobierno “quiere contar otro relato: Sin víctimas ni culpables, en el que el dolor se negocia y la sangre se olvida” y eso “no lo vamos a permitir”.
Rosa Romero destaca que lamentablemente hoy “la verdad y la memoria están en juego” por culpa de este Gobierno que “ha cedido la política penitenciaria, ha permitido homenajes y ha legitimado a quienes nunca condenaron un asesinato”.
Por último, recuerda la memoria de los tres senadores asesinados por ETA, que tienen salas a su nombre en la Cámara Alta: “Esta cámara no puede humillar a estas víctimas, voten a favor de esta iniciativa”.
