El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha destacado este martes que el decreto ley que reforma de la ley de extranjería y hace obligatoria la distribución de menores migrantes no acompañados es un «triunfo» de la sociedad canaria, que dio un «paso adelante» para «luchar» contra un «vía crucis» de año y medio.
En rueda de prensa ha solicitado igualmente «lealtad institucional» a las comunidades autónomas gobernadas por el PP, formación a la que ha pedido expresamente no «obstaculizar ni entorpecer» la aplicación del acuerdo.
Clavijo, que ha comparecido solo sin su vicepresidente, Manuel Domínguez (PP), cree que no hay «margen de recorrido» para interponer recursos, aunque respeta que alguna comunidad lo haga, y ha criticado la «mediocridad y miseria de algunos», que se oponen al acuerdo –en el caso concreto de Valencia, vía Vox para aprobar los presupuestos autonómicos–.
En esa línea ha apuntado que el decreto ley no está «empañado» por las críticas de algunas formaciones políticas o comunidades autónomas sino que «brilla más», afeando que «algunos» ni siquiera se han leído el decreto y solo quieren «arañar un puñado de votos» con «miseria y dolor».
Ha apuntado que si el Tribunal Constitucional «no desmonta o matiza» el decreto «es ley, se tiene que cumplir», y en ese sentido, ha comentado que «los principios de lealtad deben prevalecer».
Clavijo ha dejado claro que «esto no es un problema político ni territorial» sino un «drama humanitario» en el que «por fin ha imperado la política útil» ya que «los migrantes no eligen venir a Canarias» sino a «Europa y España» en busca de «esperanza».
El presidente ha señalado que los canarios han «aguantado años en soledad toda esta presión sin caer en la tentación de la pelea entre territorios y partidos», con un «ejemplo de civismo», frente a la «mala política indecente» que se ha practicado en el resto de España.
Ha insistido también en agradecer la «unidad» de todas las fuerzas políticas en las islas, salvo Vox, y ha tenido palabras de reconocimiento para su vicepresidente, que ha jugado un «papel principal» en el acuerdo, llegando a enfrentarse a su propio partido.
En ese sentido, ha indicado que el PP de Canarias «defiende» el acuerdo, entre otras cosas por que la «base» es la misma de la proposición de ley que no prosperó el pasado 23 de julio en el Congreso de los Diputados.
RESALTA EL ESFUERZO DE TORRES
«Tengo clara la posición del PP de Canarias», ha comentado, sin obviar que «otra cosa» es que tendrán que definir si en su «modelo de país» se incluye «dejar a territorios tirados» cuando apelan a la «integridad» de España y se definen como «patriotas».
Clavijo ha agradecido también el papel del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres que, pese a las «diferencias» sobre el ritmo de la negociación, «ha trabajado intensamente para lograr el acuerdo», al tiempo que ha valorado la capacidad de los servicios jurídicos de la comunidad autónoma, que siempre defendieron la legalidad del decreto ley.
Igualmente ha tenido palabras de apoyo para las ONG, que han «arropado» al Gobierno trabajando en la «trinchera», los funcionarios de la comunidad autónoma, que «han estado a la altura» en medio de una «presión insostenible», y la judicatura y la Fiscalía, que han sido «comprensivos» ante una situación de emergencia.
Ha indicado también que el decreto será de aplicación a partir de este miércoles con el compromiso de que un menor será trasladado en una plazo máximo de 15 días si la red de acogida de la comunidad autónoma está saturada, pero entiende que se abre ahora un proceso de dos o tres meses para iniciar las primeras derivaciones.
«Vamos a trabajar bien», ha indicado, ya que la casuística es muy variada y no es lo mismo un menor de 17 años que otro de nueve, o menores que están acogidos por familias canarias.
CENTROS CON HASTA 330 PLAZAS
Sobre la negociación política ha señalado que se abre ahora un periodo para negociar con los grupos dado que en treinta días hay que convalidar el texto en el Congreso. «Vamos a pedir as todos los grupos el apoyo», ha afirmado, subrayando que el PP canario ha apoyado el ‘Pacto Canario por la Inmigración’.
Ha valorado igualmente que el decreto reconozca el concepto de capacidad ordinaria de plazas, que está por definir –ha calculado que en Canarias podría oscilar entre 700 y 900– y se incluyan fondos por 100 millones de euros y el «compromiso» del Estado de financiar las plazas cuando se rebase la capacidad.
