Todas las asociaciones de jueces y fiscales, excepto las progresistas, han acordado ir a una huelga de tres días en el mes de julio para protestar por las reformas anunciadas por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, sobre el acceso a ambas carreras y sobre la Fiscalía, para adaptarla al futuro cambio de modelo del proceso penal, donde las instrucciones pasarán de jueces a fiscales.
A través de un comunicado, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han apoyado hacer huelga contra el Ejecutivo los días 1, 2 y 3 de julio, además de convocar una concentración el 28 de junio frente a la sede del Tribunal Supremo.
El anuncio se produce un día después de publicarse consultas internas en las que más del 80% de los preguntados en dichas asociaciones se mostraron a favor de cumplir con la advertencia de ir a huelga tras el paro de diez minutos convocado el 11 de junio en las sedes judiciales de todo el país para reclamar la retirada de estas dos reformas.
La primera movilización se producirá el sábado 28 de junio a partir de las 12.30 horas frente al Tribunal Supremo, un «emplazamiento profundamente simbólico e institucional». «No se trata de una protesta contra ningún poder del Estado, sino de una exteriorización de la relevancia del Poder Judicial, en defensa de su independencia y de su papel como garante de los derechos fundamentales de la ciudadanía», aclaran las asociaciones.
Se trata, recuerdan, del «lugar donde los opositores que aspiran a formar parte» de sendas carreras aprueban sus exámenes. «Un espacio que representa la culminación a largos años de esfuerzo callado en busca de la excelencia y la entrada al servicio público desde los principios de mérito, capacidad e igualdad. Es, por tanto, un escenario idóneo, icónico y cargado de significado institucional y cívico», apostillan.
El comunicado aclara que «la convocatoria está abierta a todos los operadores jurídicos y a la ciudadanía verdaderamente comprometida con la defensa de una justicia independiente y al servicio del interés general», en tanto que «se trata de una concentración estrictamente institucional, al margen de cualquier adscripción o reivindicación partidista, que no se dirige contra el poder ejecutivo ni contra el legislativo, sino que tiene como único objetivo la defensa del Poder Judicial como pilar fundamental del Estado de Derecho».
SOBRE LA CONTINUACIÓN DE LA HUELGA
Los siguientes movimientos se producirán, sucesivamente, el 1, 2 y 3 de julio, cuando jueces y fiscales irán a la huelga «en caso de que no se haya producido la retirada de los proyectos legislativos». «Esta decisión se adopta dejando un plazo razonable previo que permita a las Cortes Generales reconsiderar la tramitación de los proyectos legislativos y proceder a su retirada», advierten.
Las asociaciones explican que, «una vez concluidos estos tres primeros días de huelga, y en función de la respuesta institucional y del estado de tramitación de los proyectos legislativos», se procederá «a una revisión conjunta de la situación y valorarán, de forma coordinada, la continuación de la huelga».
«Esta evaluación se llevará a cabo atendiendo al respaldo de las respectivas bases, y con el objetivo de garantizar una respuesta unitaria, proporcionada y sostenida en defensa de los principios fundamentales del Estado de Derecho», indican.
REUNIONES CON PSOE, PP Y VOX
De forma paralela a las citadas movilizaciones, las asociaciones desarrollarán una «intensa agenda institucional» que incluye reuniones desde este mismo martes. Está previsto que a las 16.00 horas mantengan una reunión con el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y, una hora más tarde, hagan lo propio con el Grupo Popular.
Ya el 23 de junio, las asociaciones mantendrán un encuentro a partir de las 10.00 horas con la presidente del Consejo General del Notariado. Dos días después, a las 11.00 horas, se reunirán con el Grupo Parlamentario Vox en la Cámara Baja.
Los convocantes de la huelga aseguran que «se han cursado también solicitudes a todas las formaciones parlamentarias» de las que siguen «esperando respuesta». «Reiteramos nuestra plena disposición al diálogo institucional, con el objetivo de preservar la integridad del sistema judicial», añaden.
En este contexto, las asociaciones también apuntan que, «en el marco de la estrategia internacional de defensa del Estado de Derecho», se «han intensificado los contactos y gestiones con instituciones de la Unión Europea». «Hemos instado a las instituciones europeas competentes a ejercer un escrutinio riguroso y preventivo, conforme al artículo 19 del Tratado de la Unión Europea, sobre el contenido, la motivación y el proceso de tramitación de los proyectos legislativos en curso», afirman.
Estas actuaciones, sostienen, reflejan su «compromiso firme, sereno y unitario con la defensa de una Justicia independiente, imparcial y plenamente sujeta a los principios constitucionales y democráticos».
EL MANIFIESTO DE LAS ASOCIACIONES
En el manifiesto leído durante el paro del 11 de junio, representantes de todas las asociaciones de jueces y fiscales –menos las progresistas– advirtieron de que la «independencia judicial, clave para hablar de una democracia real y de una verdadera integración en la Unión Europea, está bajo amenaza por las recientes iniciativas legislativas».
Se refirieron, en concreto, al proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal –que el pasado jueves superó su primer examen en el Congreso de los Diputados– y al anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).
«No quepa duda de que estas reformas de que hablamos, enmarcadas entre otras que se han ido produciendo, van encaminadas a convertir al Poder Judicial en un poder con minúscula, un poder más débil en su función de contrapeso del poder político, más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder, en la senda de las democracias iliberales que, por eso, no lo son realmente», alertaron.
Para las asociaciones, la que reforma que afecta a todos los togados, «va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para la formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración».
También criticaron que incluya medidas «como la de meter la política dentro del órgano que debe velar por la ética de los jueces» y que pretenda «crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno y, por ello, con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de este país».
Asimismo, reprocharon al Ejecutivo que ponga «falsamente a Europa como excusa» para modificar la base de ambas carreras, «convirtiendo en jueces y fiscales a mil trescientos jueces y fiscales sustitutos, sin pruebas que midan su aptitud para ello y, consecuentemente, en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, con grave perjuicio de las promociones más jóvenes y de los miles de opositores que se están sacrificando para alcanzar su sueño».
