La reacción mediática y social que hemos podido apreciar tras el fallecimiento de Cayetana Fitz-James Stuart nos retrotrae, en muchos casos, a los esperpentos valleinclanescos que, por otra parte, no nos sorprenden, pues no andan tampoco muy lejos las veredas habituales por las que transitan la política y la economía españolas y, sobre todo, sus proyecciones públicas y sus tratamientos mediáticos. A propósito de tan comentado óbito ya empiezan las vanguardias mediáticas, especializadas en buscar tres pies al gato en el marco del sensacionalismo amarillista, a calcular la herencia de la finada, a informar de su reparto y, por supuesto, a estimar los costes fiscales que habrán de abonar los herederos por tan inmensa fortuna. Lo último que acabo de escuchar a estos voceros mediáticos, tan rotundos en sus afirmaciones como poco solventes en sus datos y análisis, son las críticas a los herederos de la Duquesa por su oportunismo y desconsideración al aprovechar las ventajas fiscales de la Comunidad de Madrid frente al mayor rigor andaluz en la imposición sobre las sucesiones y donaciones. Lógicamente, ya han puesto ante las cámaras al pueblo llano y sencillo para que opine y, en un evidente ejercicio de demagogia, han empezado a sacar sus conclusiones a partir de los juicios de la calle que, como era de esperar, sólo aportan alguna reflexión de sentido común pero de escasa profundidad analítica porque a la gente sorprendida por la calle es fácil manipularla con la manera de formular la pregunta ante la cámara o con el montaje del producto final emitido. Conclusiones apresuradas que se obtienen de las primeras informaciones improvisadas: que la Duquesa y los suyos son unos ingratos con Andalucía, porque teniéndose Cayetana por tan Sevillana y flamenca, siendo tan devota de la Corrida Goyesca del Ronda y del Cristo de los Gitanos, ¿cómo es posible que ahora sus herederos vayan a liquidar el impuesto correspondiente a su herencia en Madrid y no en la Hacienda Pública de Andalucía? La verdad es que no sé, ni me importa, la decisión que hayan tomado o que puedan tomar los huérfanos de la Duquesa acerca de la liquidación fiscal de su herencia. Pero lo importante en esta España nuestra de las Autonomías es saber la diferencia que hay o puede haber respecto a los impuestos que tienen cedidos las Comunidades Autónomas y de los que, por ende, son plenamente competentes cada uno de los territorios. Tal realidad dará lugar a las evidentes diferencias observables entre los impuestos sucesorios de Madrid, cuyos dirigentes se vanaglorian de su liberalismo al tener los impuestos más bajos de España, y Andalucía, que, al practicar unas políticas más acordes con su ideología socialdemócrata, exige una imposición más alta sobre la riqueza y la propiedad. Al margen del debate acerca de cómo es posible que existan estas diferencias tributarias en un mismo país, que sería el fondo de la cuestión, pero que quizá haya que dejar para otra ocasión, lo que uno le preguntaría a esos creadores de opinión que desde los medios ya han abierto el debate público sobre la herencia de los Alba, sería: ante una realidad fiscal tan diferenciada como la existente entre las CC. AA. de España, en su lugar, ¿usted qué haría?