La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha reivindicado este sábado el feminismo “como eje político y ético” del PSOE y ha denunciado la persistencia de estructuras de poder patriarcales dentro del partido. Lo ha hecho después el Comité Federal del partido, protagonizado por la renuncia de Francisco Salazar, tras ser señalado por acoso y comportamientos inadecuados pocas horas después de adelantarse su cargo.
Según Lastra, el PSOE es “el partido más feminista de España” y que, por ello, tiene la responsabilidad de “mirar hacia dentro”. Sin embargo, ha reconocido que “el machismo sigue presente también en el PSOE”. “Si no existiera el machismo en el PSOE, seríamos el único lugar del universo libre del mismo”, ha afirmado.
La dirigente ha alertado de que “el poder sigue teniendo rostro masculino” y ha explicado que “cuando una feminista alza la voz, se convierte rápidamente en blanco fácil”. Ha denunciado el mecanismo de silenciamiento y descrédito que sufren muchas mujeres en las organizaciones políticas y ha reclamado que el partido actúe para proteger a las compañeras afectadas.
En este sentido, ha propuesto crear un mecanismo de respuesta rápida y acompañamiento ante campañas de difamación y aislamiento dirigidas contra mujeres feministas. Además, ha pedido que los protocolos del PSOE “sirvan para prevenir la violencia machista en política, y no sólo para actuar cuando ya es demasiado tarde”.
Finalmente, Lastra ha subrayado que “cuando en una trama de corrupción aparecen mujeres prostituidas, no estamos ante hechos aislados ni escándalos privados, sino ante una forma de poder patriarcal que utiliza cuerpos de mujeres como moneda de cambio”.
Penas más duras contra la corrupción
Junto a ella, el actual portavoz adjunto del grupo socialista en la Junta General del Principado de Asturias, Luis Ramón Fernández Huerga, ha pedido “el endurecimiento de penas contra corruptos y corruptores, ya sean persona física o jurídica”.
Además, ha reclamado una agenda política que “resuelva los problemas que afectan a la ciudadanía», para lo cual considera necesario que el Gobierno de España disponga de «las herramientas necesarias para llevarlas a cabo”, siempre “salvaguardando la igualdad entre los territorios”.
