El ‘president’ de la Generalitat, Carlos Mazón, ha considerado que las nuevas reglas de explotación del Tajo-Segura suponen «probablemente uno de los mayores ataques que el gobierno de Pedro Sánchez le ha propinado a la Comunitat Valenciana, Murcia y Almería». «Es un ataque a nuestra forma de vida», ha aseverado, según informa Europa Press.
Para el jefe del Consell, «estamos probablemente ya no ante el ninguneo, que lo estamos viendo con la dana, que lo estamos viendo con las inversiones, sino al mayor ataque al futuro de nuestra tierra».
«Quiero decir que el gobierno de la Generalitat Valenciana en pleno no sólo se suma, sino que se pone al frente de todas las acciones civiles, sociales, jurídicas y de todo orden que estén en nuestra mano y a nuestro alcance para convocar a toda la sociedad, especialmente la de la provincia de Alicante, junto con la región de Murcia y Almería, para evitar este atropello que puede acabar definitivamente con las luces de futuro que tiene nuestra tierra», ha manifestado Mazón en declaraciones remitidas a los medios.
«Esto –ha continuado– no solamente es un agravio a los regantes y agricultores, esto es un agravio y un ataque directo a nuestra forma de vida». En este contexto, ha recalcado que la administración autonómica va a poner «todos los medios» a su alcance para intentar evitarlo.
Y ha hecho un llamamiento a «toda la sociedad» y, especialmente, «a los diputados socialistas o de izquierdas que tengan que estar en el Congreso de los Diputados». «Espero que no tengan la vergüenza, la de vergüenza o la poca vergüenza, de votar a favor de semejante tropelía. Nos ponemos en marcha con todos los resortes a nuestro alcance, sin ningún género de dudas», ha remarcado.
En la misma línea, el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat, Miguel Barrachina, la consejera de la Región de Murcia, Sara Rubira, y el consejero de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, han coincidido en denunciar «la imposición de decisiones unilaterales por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, que afectan gravemente a la economía, al empleo y al futuro de miles de familias que dependen directa o indirectamente del agua trasvasada».
Barrachina ha sido tajante al respecto: «No se puede gobernar el agua desde un despacho en Moncloa sin escuchar a quienes producen alimentos para toda Europa. Estas nuevas reglas son una agresión directa a nuestros agricultores, que han demostrado durante décadas cómo hacer un uso eficiente, sostenible y solidario del recurso hídrico».
«Lo que exigimos es justicia hídrica. El agua es de todos y debe gestionarse con sentido común, no como un arma política al servicio de intereses partidistas», ha afirmado el conseller en un comunicado.
Disposición al diálogo
Las tres comunidades autónomas han reiterado su disposición al diálogo, pero advierten que no aceptarán imposiciones que debiliten el tejido productivo agroalimentario ni que pongan en riesgo el abastecimiento de millones de ciudadanos.
Desde la Generalitat señalan que la propuesta de nuevas reglas por parte del Ministerio para la Transición Ecológica «endurece de forma severa los umbrales para autorizar trasvases, en contra del equilibrio territorial y de la equidad hídrica».
Entre las medidas contempladas figura el aumento de los requisitos para autorizar el máximo trasvase (60 hectómetros cúbicos), que solo se permitiría cuando las existencias conjuntas en Entrepeñas y Buendía superen los 1.600 hectómetros cúbicos o las aportaciones anuales sean de, al menos, 1.400 hectómetros cúbicos. Además, en caso de Nivel 2, el volumen autorizado se reduciría progresivamente hasta los 18 hectómetros cúbicos mensuales en 2027, detallan.
También se prevén modificaciones en el Nivel 3, que permitía traspasar hasta 20 hectómetros cúbicos y que a partir de ahora queda fijado en 11 hectómetros cúbicos, lo que representa un nuevo obstáculo para garantizar el abastecimiento y el riego, agregan.
«Puntilla» al trasvase
Barrachina opina que «estas decisiones suponen la puntilla al trasvase Tajo-Segura y demuestran una clara voluntad de restringir el uso de un recurso esencial para el desarrollo de nuestras comunidades autónomas».
