El Pleno del Congreso debatirá y votará este martes 25 de marzo la toma en consideración de una Proposición de Ley Orgánica del PP para que los juzgados especializados de violencia de género no tengan que asumir los procesos sobre los delitos contra la libertad sexual aunque no exista un vínculo matrimonial o análogo entre el agresor y la víctima.
Según recoge el texto de la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PP plantea modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para eliminar el apartado recientemente introducido por la Ley de Eficiencia de la Justicia. Esta última amplía las competencias de los Juzgados especializados de violencia sobre la mujer, para atribuirles también los delitos contra la libertad sexual, de mutilación genital femenina, matrimonio forzado, acoso con connotación sexual y trata con fines de explotación sexual, aunque no haya una relación entre víctima y agresor.
En este sentido, los ‘populares’ advierten en la exposición de motivos que la ampliación de tipos penales susceptibles de instrucción y enjuiciamiento por los Juzgados especializados en Violencia de Género a otras violencias contra las mujeres puede tener un «impacto en la desprotección real de las víctimas de violencia de género» ya que estos órganos se verán «desbordados» y «retrasará las sentencias».
«Si todas las violencias contra las mujeres circunscriben su conocimiento a los juzgados especializados de violencia de género, retrasará las sentencias y desprotegerá a unas víctimas, especialmente vulnerables, cuyo calvario judicial puede desembocar en una disminución de las denuncias y la consiguiente impunidad de sus agresores», precisa.
Según señalan los ‘populares’, muchos de los delitos contra la libertad sexual de las mujeres son «de extraordinaria complejidad en su persecución», como es el caso de la trata vinculado a grandes redes y organizaciones criminales. Para el PP esta situación va a suponer un «innegable aumento de la carga de trabajo» de éstos juzgados o de las secciones de los tribunales de instancia que los sustituyesen, en su caso, «conduciéndolos a un desbordamiento que, lamentablemente, repercutirá en la reducción del tiempo de atención a las víctimas para sus interrogatorios y diligencias de instrucción, afectando muy negativamente a la calidad del servicio y a la eficacia de una reacción inmediata en protección de la víctima».
Además, la formación destaca en el texto que aunque los delitos contra la libertad sexual «vienen experimentando un considerable aumento en los últimos años», los Juzgados de Instrucción y los Juzgados de lo Penal, «no han experimentado, paralelamente, el mismo crecimiento para atender tal volumen de trabajo».
Por ello, la proposición de ley también establece que el Gobierno, «en el plazo de tres meses» desde la entrada en vigor de la norma, incremente «el número de secciones de violencia sobre la mujer, tanto de los nuevos tribunales de instancia, como de las audiencias provinciales, o el refuerzo de las ya existentes, con más medios materiales y humanos».
Asimismo, contempla que el Ejecutivo deberá «destinar de forma preferente los recursos económicos suficientes» dirigidos a proporcionar las dotaciones necesarias en las secciones de tribunales de instancia y en las secciones de violencia sobre la mujer de las Audiencias provinciales. También insta al Gobierno a incrementar convocatorias y plazas de jueces y magistrados especialistas en violencia sobre la mujer.
Del mismo modo, señala que el Gobierno «consignará urgentemente fondos para compensar a las CCAA con competencias en materia de justicia para que puedan afrontar los costes de los diversos cambios normativos».
La norma también da un plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la misma, y después de forma periódica, para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) convoque un curso especializado sobre las distintas formas de violencia contra la mujer. También indica que el Gobierno deberá promover la convocatoria de cursos de formación especializada para los miembros del Ministerio Fiscal.
Asimismo, la proposición de ley de los ‘populares’ introduce algunos cambios en la Ley del Poder Judicial de 1985 para que en el acceso a las secciones penales especializadas en violencia sobre la mujer de las audiencias provinciales y de los tribunales de instancia se dé prioridad a jueces y magistrados con experiencia previa en la materia.
135 JUECES Y JUEZAS AVISARON DEL «COLAPSO TOTAL» DE SUS JUZGADOS
Precisamente, un total de 135 jueces y juezas de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer advirtieron recientemente de que la Ley Orgánica de medidas en materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia va a provocar un «colapso total» de sus juzgados, al tener que asumir los procesos sobre los delitos contra la libertad sexual.
«El efecto inmediato de la reforma va a ser el colapso total de unos Juzgados ya de por sí sobrecargados, en una materia tan sensible como es la relacionada con la lucha contra la violencia de género y la protección de las mujeres y de sus hijos e hijas», avisaron en un comunicado el 3 de marzo.
También protestaron por la «falta de dotación presupuestaria» de la Ley, pues se trata de «una reforma a coste cero que, según los cálculos del Ministerio de Justicia, va a suponer un aumento de la carga de al menos el 20%».
Además, señalaron que aunque «se pretende convencer a la ciudadanía afirmando que, si es necesario, se reconvertirán Secciones de Instrucción en Secciones de Violencia sobre la Mujer», la entrada en vigor de dicho aumento de competencias tendrá lugar el 3 de octubre de 2025, tres meses antes de la fecha prevista con carácter general para que entren en funcionamiento dichas secciones, el 31 de diciembre de 2025. «Es decir, que esas supuestas ‘facilidades’ para la asunción de la competencia no son reales», lamentaron.
«Consideramos de suma importancia que la ciudadanía, y singularmente las mujeres que necesitan de un sistema judicial eficaz para encontrar una salida a la tiranía de la violencia, conozcan el desolador y peligroso escenario que se vislumbra con la nueva asunción de competencias», subrayaron.
En todo caso, el 8 de marzo el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, anunció con motivo del Día Internacional de la Mujer que se aumentará en un 50% los jueces de violencia sobre la mujer.
«Las secciones de violencia sobre la mujer se ocuparán de todas las violencias machistas con jueces especializados. Más entornos seguros y más protección», aseguró en un mensaje en la red social X.
