El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha arremetido contra la decisión del Gobierno de hacer permanente el impuesto al sector energético y la banca y ha advertido de que “el populismo fiscal” comprometerá el futuro de la industria en España.
En una tribuna en el diario ‘La Vanguardia’ recogida por Europa Press, Imaz alerta de que con la prolongación de esta medida, inicialmente prevista para los años 2023 y 2024 -en el caso de las energéticas, con la aplicación de un gravamen del 1,2% sobre las ventas, a liquidar con cargo a los ejercicios 2022 y 2023-, la inversión en el sector energético español “se ralentizará al mínimo”.
“Miles de millones de euros se desviarán a otros países. Es posible que, ante la dificultad de descarbonizarse, el sector del refino español vaya teniendo dificultades para mantenerse antes de que acabe esta década. Crearemos muchos empleos en servicios de bajo valor añadido, posiblemente mal pagados. Nuestra cobertura social tendrá dificultades para sostenerse en un futuro, porque el tipo de empleo que se crea y la falta de recursos que genera el que se pierde nos aboca a un modelo de competitividad alejado de los líderes a los que deberíamos emular”, subraya.
Asimismo, Imaz lamenta que “los niños de ocho años golpeados por la vida puedan tener dentro de unas décadas las oportunidades” que otros, como en su caso, sí que pudieron disfrutar.
“Peaje a pagar para que Sumar siga sosteniendo un gobierno”
Pero reconoce que le “duele más todavía que su futuro se apague entre discursos demagógicos contra las grandes empresas y los ricos. O que sea simplemente por el peaje a pagar para que Sumar siga sosteniendo un Gobierno”.
Imaz también defiende que “los debates sobre los impuestos son legítimos en una sociedad democrática” y que siempre ha defendido “una visión redistributiva de la política fiscal”. “Quizá por eso me repugna particularmente la demagogia en torno a las cuestiones fiscales”, añade.
Por ello, lamenta que los partidos que conforman el Gobierno hayan presentado una propuesta para hacer permanente el impuesto, “más allá del que, como cualquier otra empresa, pagan por sus beneficios en concepto de Impuesto de Sociedades”, sin que haya debate ni “un análisis riguroso de las consecuencias”.
“No hay siquiera interlocución franca con las empresas industriales. Simplemente el populismo y la demagogia al grito de ‘que paguen las empresas para favorecer a los que lo pasan mal’. Aquellos políticos que incluso en privado reconocen que esa doble imposición es un dislate, no se atreven a alzar la voz por temor a ser considerados defensores de los ‘ricos y de las empresas’, exponiéndose a que lancen a las masas contra ellos por “antisociales”, afirma.
“Tumbado en los tribunales”
Además, Imaz, considerando los “argumentos jurídicos” de que pagar dos veces por un concepto similar como el beneficio “será un día tumbado en los tribunales, cosa que previsiblemente sucederá”, cree que “los actuales gobernantes estarán posiblemente lejos de sus funciones” cuando esto suceda, por lo que “no tendrán que pagar las consecuencias de sus políticas populistas e ilegales”.
Asimismo, el primer ejecutivo de Repsol pone en valor que España “es un país líder en refinerías en Europa”, lo que, además de la seguridad de suministro que esto supone, representa que se generan “más de 200.000 empleos, entre directos, indirectos e inducidos, además de garantizar el empleo industrial de los dos principales polos químicos del país (Tarragona y Huelva)”.
Por ello, estima que el objetivo es “seguir compitiendo” con los productos que vienen de Oriente Medio, India o Estados Unidos, a la vez que se avanza en la descarbonización; “o sea, fabricando cada vez un combustible más renovable para mitigar el impacto del CO2”.
Asimismo, cree que “el populismo fiscal va a penalizar esta actividad con un gravamen discriminatorio que imposibilita que esa inversión pueda llevarse a cabo”, y va a hacer “imposible” competir con la inversión energética en Estados Unidos.
De esta manera, reconociendo que su opinión puede ser “irrelevante”, invita a los miembros del Gobierno a “que se lean las conclusiones de la Comisión Europea sobre este gravamen o el Informe Draghi”.
