La semana pasada se asistió a una sucesión de celebraciones por la promulgación de la Constitución española. Motivos no faltan para ello. El texto constitucional aseguró la llegada de la democracia poniendo fin a la larga noche del franquismo. Cuarenta, largos y cruentos, años de dictadura, cuya superación vino de la mano de aquélla. Dichos fastos, a nuestro parecer, han resultado un tanto anodinos y desleales como consecuencia de la ausencia generalizada de reflexiones críticas en torno: i) a la inevitable reforma constitucional ante el agotamiento de su plena virtualidad, y ii) a las transformaciones, de derecho y de facto, que ha experimentado el texto constitucional, derivadas de las agresiones infligidas por las políticas de austeridad. Pareciera que el compromiso con la Constitución española no diera cabida a celebraciones críticas. Defender la Constitución de 1978 parece excluir el análisis crítico a la vez que constructivo.
La consideración como fútiles y desleales -de dichas celebraciones- parten de la idea, y posterior constatación, del menosprecio implícito que implicaban a la ciudadanía. Y ello, por no incluir referencia alguna, por pequeña que hubiera sido, a la acción política desarrollada a partir del año 2010, que ha violentado sensiblemente la promoción y el respeto de los contenidos constitucionales sobre los que se confío la transición de la dictadura franquista a la democracia (Título Preliminar), y que son el origen del sufrimiento de muchas personas todavía a día de hoy.
En efecto, la proclamación de España como «un Estado social y democrático de Derecho» fue la fórmula a través de la cual se debería materializar la llegada democracia. Desde aquel momento constituyente, el carácter democrático de España solo se puede afirmar sobre la existencia de un Estado social conformado en base a los valores de «la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político» (art. 1.1). El Estado Social, base de la democracia como reflexión que trufase los fastos del 40 aniversario de la Constitución ha sido completamente obviado, pese a la constatación del profundo debilitamiento de nuestro Estado social consecuencia directa del “irremediable” asalto neoliberal inserto en las políticas de austeridad y de devaluación salarial. La modificación del art. 135 CE, como hito más relevante de la excepcionalidad política y normativa desarrollada desde 2010, no se ha tomado mínimamente en consideración en la altisonante celebración de tan importante efeméride. Esta (¿interesada?) ausencia de análisis del texto constitucional ha consentido, sin embargo, afirmar, con vehemencia y altas dosis de cinismo, la buena salud de la que goza la democracia en el Estado español. Una suerte de acción política, todo por la Constitución pero sin la Constitución, que ha sustraído torticeramente del debate constitucional uno de los principales elementos -si no el principal-: la inescindible relación entre lo social y la democracia.
Este vacío ha sido sustituido por una repetición impenitente y excluyente de la forma política del Estado (art. 1.3) y de su organización territorial (art. 2). Únicos pendones constitucionales del Reino de España exhibidos durante la semana pasada. En ambas cuestiones, ha prevalecido el relato del Partido Popular y C`s, según el cual la monarquía parlamentaria y la indisoluble unidad de la nación española resultan inmodificables por constituir las principales garantías del carácter democrático del Estado español. Esta patrimonialización de la Constitución, por lo demás, ha servido -y sirve- para legitimar la expulsión o descrédito, según los casos, de cuantos partidos políticos promocionan la modificación de dichos preceptos constitucionales en un sentido contrario al de las derechas.
Esta acción política, que ha preterido la atención sobre el binomio social/democrático a favor de la forma política y la organización territorial de Estado, se ha operado a costa del grave varapalo asestado al pluralismo político (art. 6), afectando con una intensidad a la libre formación de la voluntad popular sin precedentes en estos 40 años de Constitución. Los motivos de dicha acción política de las derechas, Partido Popular y C`s, oscilan entre el firme convencimiento de los primeros y el puro tacticismo electoral de los segundos, desdeñando -que no ignorando- en ambos casos el efecto castrante que sobre la participación política pudiera deparar dicho modo de actuar en amplios grupos de ciudadanos. Con mucha probabilidad, la frustración que emerge ante una participación política inexistente o insatisfactoria puede espolear a una parte de la ciudadanía a explorar proyectos políticos inusitados -Vox-, que, si bien son radicalmente contrarios a contenidos fundamentales del pacto constitucional hasta hoy indiscutidos, han demostrado ser capaces, en España y en otras partes del mundo, de aprovecharse de esa frustración y del sufrimiento de los últimos años.
El cuestionamiento del Estado de las Autonomías y la consiguiente propuesta de recentralización política; el menosprecio por la situación socioeconómica de las mujeres y el retroceso político que implica plantear anular el mandato constitucional impuesto a los poderes públicos para hacer efectiva la igualdad real de las mujeres; la ignominia que comporta el negacionismo de la violencia de género; o la pretensión violenta de desposesión de los derechos humanos de las personas migrantes, constituyen algunas de las amenazas políticas y sociales que se ciernen hoy sobre todas y todos con ocasión, entre otros factores, de dar pábulo a celebraciones acríticas de la Constitución española de 1978 que, además, no combaten ni la apropiación del texto constitucional proveniente de las derechas políticas, ni su autoproclamación como los legítimos (únicos) intérpretes y custodios de éste.
La buscada percepción ciudadana sobre la progresiva conformación y confrontación de dos bloques políticos definidos en torno a la lealtad al texto constitucional, constitucionalistas versus no constitucionalistas, esconde un proyecto de dominación de las derechas donde, como se está poniendo de manifiesto en las tratativas para formar gobierno en Andalucía, todo vale. También dar cabida en el Gobierno de Andalucía a partidos franquistas que han conseguido capitalizar el malestar y el sufrimiento social de una década de austeridad. El ruido de cisternas que esta situación continúa provocando, ya que desborda el 40º aniversario de la Constitución española y las elecciones en Andalucía, ha de encontrar una respuesta política y social que contenga la deriva actual a través del reequilibrio de los Reales Factores de Poder que tienen lugar en el interior de España.
En este contexto, la defensa de la democracia ha de constituir el objetivo compartido del trabajo político, sindical y social. La reconquista y normalización del ejercicio de los derechos fundamentales -sociales, civiles y políticos- que han consentido una aceptable convivencia social ha de servir de guía en el trazado de un proceso (¿constituyente?) capaz de enfrentar la estrategia de dominación de las derechas ya en marcha, que en el caso español incluye también a las fascistas. La fraternidad y la solidaridad deben presidir transversalmente las movilizaciones que surjan en esta etapa, donde las alianzas entre los ámbitos social, sindical y político serán la piedra de toque que explique el resultado de la lucha democrática por la democracia.
Todos estamos concernidos y llamados a participar. De forma colectiva, en el seno de nuestras organizaciones, o individualmente como adhesión a la reivindicación de la reconquista y normalización de alguno de los derechos esenciales para la existencia digna de las personas. Conjuntamente, sumando esfuerzos colectivos de organizaciones que comparten objetivos, o por separado, con el máximo respeto entre las organizaciones…
La aceptación y puesta en marcha de este compromiso en el ámbito municipal no resulta una tarea fácil. Las diferencias entre las organizaciones sindicales, sociales y políticas a la hora de abordar esta lucha por la democracia pueden devenir insalvables. Para evitar este final indeseado, contamos con la experiencia de la movilización de antaño que, además de los resultados positivos que reportó a Ciudad Real, reforzó nuestra identidad como vecinas y vecinos, inundando de respeto y cariño la ciudad que nos empeñamos en reconquistar y normalizar.
Alcanzar el mayor consenso en torno a los principales contenidos del modelo social que queremos para Ciudad Real, es el leit motiv que mueve a Ganemos Ciudad Real a seguir trabajando, pese a que no concurra a las elecciones del próximo mes de mayo. Nos vemos en las calles.
*Francisco José Trillo Párraga es el portavoz de la Mesa de Coordinación de Ganemos Ciudad Real
