Celebramos, con mayor garantía frente a la pandemia, el 43 aniversario de la Constitución de 1978, el instrumento que ha posibilitado el desarrollo y la consolidación del Estado Democrático en nuestro país. Una consecuencia del texto constitucional, cuya efectividad ha sido y es incuestionable para proteger a la ciudadanía, es la creación de nuestra comunidad autónoma.
Por eso conmemoramos también el 40 aniversario de la puesta en marcha del Estatuto de Castilla-La Mancha por la asamblea de 160 representantes de las cinco Diputaciones de las provincias que conformarían la región, que nació un año después tras la aprobación definitiva por parte de las Cortes Generales.
Tanto la Constitución como el Estatuto de Autonomía han sido trascendentales para la creación de un clima de convivencia pacífica y en libertad de todas y todos los españoles, para la modernización de nuestra tierra y para la mejora de las condiciones de vida de nuestra gente.
Dos tercios de los españoles y españolas han nacido después de la Constitución del 78 o no tenían edad suficiente para votarla. Este hecho constatable nos debe hacer reflexionar. Creo, sin ambages, que la mejor manera de que esos miles de personas defiendan nuestra Ley Fundamental, lleven a la práctica sus preceptos y, en definitiva, la hagan suya, es promover la reforma del texto constitucional, sobre todo en lo referente a situaciones que no se pudieron tener en cuenta cuando se redactó porque, sencillamente, no se habían producido.
Me refiero, en concreto, a la revolución tecnológica que ha tenido lugar, sobre todo en los últimos años, y a la necesidad imperiosa de asegurarnos para nosotros y las generaciones venideras un planeta sostenible, así como un modelo energético que apueste por las fuentes limpias. No es nada conveniente ser inmovilistas respecto a la necesidad de modificar o plasmar en nuestra Carta Magna aspectos que reflejen la realidad del momento.
No abogo por una reforma integral, con modificaciones parciales sería suficiente para que la Constitución del 78, que a sus 43 años es fuerte y muy valiosa, se renueve dando respuesta a cuestiones relevantes y de gran importancia en todos los órdenes de la vida. Aunque no es obligatorio, considero que es absolutamente recomendable.
Si hace más de cuatro décadas, en un contexto político convulso, con posiciones ideológicas y posturas muy diversas, incluso abiertamente enfrentadas, fueron capaces de alcanzar acuerdos, en la actualidad también debería ser posible. Ahora nuestra sociedad está más preparada que la entonces, recién salida de una larga dictadura de casi 40 años. Afortunadamente, nuestro presente acredita una dilatada experiencia de convivencia democrática avalada por el mayor período de paz que ha registrado nuestra historia como nación.
Sentar bases sólidas con pronunciamientos unánimes ha conferido a la Constitución su mayor fortaleza, pero el valor y la proeza de lo que aconteció no se basa exclusivamente en ello, a pesar de los distintos orígenes de los participantes, procedencias ideológicas y experiencias vitales. Lo verdaderamente relevante, lo que da magnitud a su acierto, es que lograron contagiar a la ciudadanía de la época la necesidad de dejar a un lado las diferencias para conseguir el bien común.
Por eso es tan importante que los que nos dedicamos al servicio público desde la política y desde las instituciones hagamos siempre pedagogía social en favor de la concordia, aunque en algún momento pueda suponer ir en contra de nuestros intereses partidarios.
Si en un tiempo más difícil y complejo fuimos ejemplo de unidad y sensatez, hagamos todo lo posible por continuar por esa senda. Que no haya división ni fisuras en torno a cuestiones que afectan a todas y todos los españoles, quienes, con independencia de sus ideas, esperan decisiones que propugnen la convivencia democrática conforme a un orden económico y social justo.
