Debates que, en esencia, vienen a cuestionar la relación socio-cooperativa y el sistema de “liquidación a resultas” que históricamente y con pleno amparo de las leyes de cooperativas, viene aplicándose desde hace más de un siglo en el funcionamiento ordinario de las mismas.
Un debate injusto y con el que evidentemente no podemos estar de acuerdo, pues de la misma manera que aceptamos que un viticultor individual pueda tener su propia bodega para elaborar vinos procedentes de las uvas de sus propios viñedos, sin que nadie pueda exigirle cuándo y a qué precio ha de vender el vino o cuál ha de ser su margen de beneficio; cuando ese mismo viticultor se une libre y voluntariamente a otros viticultores en una cooperativa agroalimentaria para tener una bodega común, parece lógico que también debamos aceptar que a estos viticultores agrupados no les podamos imponer desde fuera cuándo y a qué precio han de vender el vino elaborado, ni cuándo y a cuánto han de cobrar las mismas. Ya se cuidarán ellos en elaborar los mejores vinos y venderlos al mayor precio posible para rentabilizar al máximo sus explotaciones. Si se equivocan, en el pecado llevarán su penitencia.
Esto, que parece muy evidente, es lo que algunos no parecen entender cuando desde sus atalayas pretenden ejercer labor apostólica sobre el mundo agrario, dedicándose a dar instrucciones y consejos sobre cómo han de funcionar las cooperativas, cuándo y a cuánto han de vender sus productos o cómo han de liquidar a sus socios, inmiscuyéndose sin rubor en la soberanía democrática y en la capacidad de autogestión que las leyes de cooperativas les reconocen. Opinar es legítimo, pero organizar casas ajenas, no tanto.
Quizás olvidan que las cooperativas son empresas privadas que están formadas por la agrupación voluntaria de diversos agricultores individuales, los cuales deciden democráticamente sus normas de funcionamiento interno a través de sus órganos sociales, que gestionan comercialmente sus producciones durante toda la campaña y que intentan captar el mayor valor añadido para, al final del ejercicio, determinar por diferencia entre ingresos y gastos el resultado final de la liquidación del producto. En definitiva, como hace cualquier otra empresa.
Bajo estas premisas, estamos convencidos que las cooperativas son la mejor y única herramienta que tienen los agricultores para defender sus producciones, aportarles valor añadido y situarlas en los mercados. Unos mercados cada vez más volátiles, globalizados, basados en la ley de la oferta y la demanda y que, por tanto, no entienden ni de justicia social, ni de costes de producción ni de otros conceptos que, por mucho que estemos de acuerdo con ellos (que lo estamos), no dejan de ser aspiraciones teóricas con un alto grado de utopía cuando nos enfrentamos a los mercados mundiales.
¿Imaginan qué sería de la agricultura española sin las cooperativas? No hace falta que se esfuercen mucho, solo han de preguntar a los viticultores que en estos días anda por libre con sus remolques de puerta en puerta, de tablilla en tablilla, rogando para que les compren las uvas a precios de ruina.
Si las cooperativas no pagan a sus socios la uva a los treinta días es porque la ley no les obliga y además porque no lo necesitan dado que, de manera general, a través de la cooperativa tienen acceso a anticipos del valor de sus cosechas desde el mismo día de su entrega a la misma y, además, reciben periódicamente entregas a cuenta de la liquidación final de su producto dotándoles de la liquidez necesaria. Si las cooperativas no fijan el precio a la uva a la entrada en la bodega y, por el contrario, prefieren liquidarla a resultas, es porque el objetivo de las mismas es no especular con la uva del socio a la entrega como otros hacen, sino trasladar a los socios todo el beneficio que se obtenga de la gestión cooperativizada durante toda la campaña. Y lo más importante de todo, las cooperativas de manera general liquidan a sus socios en importes que superan el precio de mercado y cubren sobradamente los costes de producción de todas aquellas explotaciones que están profesionalizadas, son eficientes y bien dimensionadas; bien es cierto que milagros no se pueden hacer y, por desgracia, hay explotaciones en las que será imposible cubrir sus costes de producción, no por culpa de la cooperativa sino por el hecho de que algunas explotaciones son absolutamente inviables económicamente.
Y, para terminar, a los poderes públicos solo tenemos que agradecerles que sean fieles cumplidores de sus obligaciones legales. Sí, de sus obligaciones legales. Aquellas que emanan del artículo 129.2 de la Constitución Española que les OBLIGA (con mayúsculas) a proteger y fomentar las sociedades cooperativas mediante una legislación adecuada. Cualquier intento de los poderes públicos de desnaturalizar el modelo cooperativo, eliminar sus elementos diferenciadores o vulnerar sus principios y valores, muy probablemente estarían incurriendo en una actuación inconstitucional que les enfrentaría a las más de cuatro mil cooperativas agroalimentarias del país y al más de un millón de agricultores socios de las mismas.
¡Buena vendimia a todos!
