Aeropuerto, 17 de julio

Imagen panorámica del aeropuerto / Elena Rosa

Imagen panorámica del aeropuerto / Elena Rosa

Tanto el juez, Carmelo Ordóñez, como la sociedad que preside Rafael Gómez se han mostrado optimistas con la solución alcanzada al haber logrado desbloquear una situación enquistada durante años y en la que ha sido necesario sortear numerosas dificultades como reconoce el propio magistrado en el auto y a la que se ha llegado una vez que ha sido firme la sentencia del gobierno balear

Cuando el juez Carmelo Ordóñez se hizo cargo del concurso de acreedores de CR Aeropuertos S.L. a finales del año 2015, el aeropuerto de Ciudad Real había estado a punto de ser vendido por una cantidad ridícula de 10.000 euros a la empresa Tzaneen Internacional SL, más conocida entre nosotros como “Chanín”, lo que venía a ser una derivación lingüística manchega, resultante de la endiablada pronunciación de semejante sustantivo.

La propuesta de esta sociedad, creada al efecto para comprar este aeródromo se apuntó en su haber de manera inmediata ser el hazmerreir nacional debido a la proyección que el aeropuerto había adquirido al pasado a formar parte de ese conjunto de infraestructuras que habían caído por el precipicio derivado de la crisis económica

De “Tzaneen International” nunca más se supo por aquí desde entonces, pero su recuerdo, fugaz, ha emergido esta semana al coincidir la fecha de su bochornosa propuesta con el día en el que se conocía el auto del juez, este martes 17 de julio, con el que se cerraba el proceso de venta del aeropuerto al aceptar la solución que le brindaba Ciudad Real International Airport, (CRIA), consistente en la cesión de  un crédito para pagar el importe pendiente, 53.390.000 euros, tras tener desembolsado desde el inicio el 5 por ciento de los 57 millones en que fue adjudicado.

Esta cesión proviene de una sentencia firme de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares por la que se condena al gobierno balear a pagar cerca de 87 millones de euros al administrador de CRIA, Rafael Gómez Arribas. Una deuda multimillonaria, por tanto, del Gobierno balear con empresas vinculadas a CRIA que servirá para pagar la mayor parte del precio del aeropuerto de Ciudad Real.

 

Proceso extraordinariamente complejo

La, para muchos, sorprendente decisión del juez de aceptar esta propuesta viene a poner fin a un proceso de venta extraordinariamente complejo que a buen seguro servirá de análisis y estudio a generaciones futuras así como también, intuyo,  las circunstancias que rodearon la construcción y posterior caída de la infraestructura más polémica que hemos conocido en esta zona. No menos complejos, sin embargo, son a partir de ahora, los trámites administrativos y jurídicos que quedan pendientes hasta llegar a la fecha de la firma de la escritura, que dependerá de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Baleares comunique al Juzgado de Ciudad Real la firmeza de la sentencia, pero eso no resta ni un ápice de valor a la solución hallada tras muchísimas horas de trabajo, una solución que no olvidemos, cuenta con el plácet de la empresa concursada y los administradores concursales, difícil de imaginar cuando fue presentada la propuesta de los chinos, (Tzanee International S.L.), como también fue denominada esta sociedad.

Tanto el juez como la sociedad que preside Rafael Gómez se han mostrado optimistas con la solución alcanzada pues ha logrado desbloquear una situación enquistada durante años y en la que ha sido necesario sortear numerosas dificultades como reconoce el propio magistrado en el auto y a la que se llegó una vez que fue firme la sentencia del gobierno balear. No hay que olvidar, sin embargo, la relevancia de todo el trabajo previo y que sirvió para impulsar el concurso de acreedores. “La buena noticia para nosotros hoy es que el aeropuerto ya puede operar en el tráfico mercantil”, señalaba José Fernando Sánchez Bódalo, responsable de relaciones institucionales de CRIA, para quien la sociedad está ahora más cerca de poner en marcha la infraestructura con los nuevos plazos que establece esta resolución.

Para el juez, la decisión tomada es buena, “no sólo para el interés del concurso, sino también para el interés general de Castilla-La Mancha, por lo que supondrá su futura puesta en funcionamiento” mientras que  CRIA confía en comenzar a operar cuanto antes como aeropuerto de mercancías y secundariamente de pasajeros.

La ciudadanía, de su lado, ha pasado de la estupefacción más absoluta por todo lo que ha rodeado al aeropuerto a esperar que su puesta en funcionamiento suponga el revulsivo económico del que originariamente se habló y, si fuera posible, cree trabajo en una provincia tan necesitada de empleo como harta, también, de espectáculos bochornosos y charlotadas como las que se han visto en el pasado. Confiemos pues ya que, con independencia de los resultados que genere el futuro inmediato del aeropuerto, una realidad se ha abierto paso: El trabajo realizado y la apuesta por dar una salida a una situación muy complicada son dos hechos indiscutibles.