En diciembre de 2022, se abrió el plazo de presentación de solicitudes para el plan de empleo de Daimiel. Las contrataciones subvencionables se debían formalizar con personas incluidas como demandantes de empleo inscritos en una Oficina de Empleo y además, pertenecieran a alguno de los colectivos indicados en las bases del plan, entre los que se encontraba “Personas que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% […]”.
Hasta el momento, cumplía con todos los requisitos establecidos, pero no fui seleccionada para dicho plan, ya que los proyectos incluidos no contaban con la accesibilidad, adaptación y proyección de incorporar a personas con ciertas limitaciones (en mi caso, por desplazarme en una silla de ruedas). El personal responsable no quería decirme el motivo de la desestimación de mi solicitud, porque les daba vergüenza reconocer la falta de inclusión que presentaba el órgano administrativo, por lo que expuse mi hipótesis y ellos me lo confirmaron.
¿Cómo vamos a conseguir una inclusión plena, si los mismos que la «defienden» son los primeros que nos discriminan?
