Los políticos quieren que mires el gasto en un presupuesto, cuando lo importante es de donde obtienen los recursos.
Cada año, cuando llega la temporada de presupuestos, se repite el mismo ritual. Titulares, ruedas de prensa, gráficos de colores y una cascada de anuncios: “X millones para esto”, “Y para lo otro”, “récord de inversión”, “apuesta histórica”,” presupuestos históricos”. Y los medios de comunicación, muchos de ellos “paniaguados” por esos políticos, repiten esos mensajes amplificándolos. Pero hay un detalle que siempre queda fuera del foco, como si fuera una nota a pie de página: ¿de dónde sale ese dinero?, Si son presupuestos históricos, también será “histórica” la recaudación.
En cualquier casa, en cualquier familia, el presupuesto empieza por ahí. Antes de decidir si cambiamos el coche, si arreglamos la cocina o si nos vamos de vacaciones, miramos la nómina, la facturación, el ingreso real. Y a partir de eso ajustamos el gasto. Puede gustarnos más o menos, pero la realidad manda: si no hay ingresos, no hay plan; y si el gasto supera al ingreso, llega la deuda… y con ella el problema.
En lo público, sin embargo, hemos normalizado el presupuesto al revés: primero se vende el gasto, y ya después —si hace falta— se “cuadra” el ingreso. Los políticos tienen los boletines oficiales, y las ordenanzas municipales para si lo necesitan exprimirnos como naranjas o endeudarse sin fin, ellos no van a pagar.
Es algo básico: el dinero público no existe, el dinero público es dinero de alguien. Sale del bolsillo de personas concretas que trabajan, ahorran, compran, emprenden, contratan o simplemente intentan llegar a fin de mes. Sale de impuestos, tasas, precios públicos, plusvalías, sanciones, recargos… y, cuando eso no alcanza o no conviene políticamente, sale de deuda, que no es magia: es gasto de hoy pagado con impuestos de mañana.
Por eso es tan llamativo ver como el debate público se concentra casi exclusivamente en el “¿en qué lo gastarán?” y tan poco en el “¿cómo lo ingresarán?”. A veces, incluso, se presenta el ingreso como si fuera un dato neutro, inevitable, automático. Pero no lo es. El ingreso público es una detracción legal sobre la economía de la gente. Y conviene recordarlo, porque cambia por completo la perspectiva: ya no hablamos de “dinero del Ayuntamiento” o “dinero de la Diputación”, “dinero de gobierno”, sino de dinero de los vecinos gestionado por una institución.
También hemos convertido el presupuesto en una especie de tótem: sin presupuestos no hay gobierno, sin presupuestos no hay política, sin presupuestos no hay rumbo. Y, sin embargo, la realidad desmiente esa liturgia con una facilidad pasmosa.
España lleva varios ejercicios encadenando prórrogas presupuestarias: si no se aprueba un nuevo presupuesto a tiempo, se prorroga automáticamente el anterior. Y no solo se prorroga: se gobierna, se ejecuta, se anuncia, se inaugura y se comunica, como si nada. Pero también pasa en los ayuntamientos, en todos, los presupuestos se modifican constantemente, y no por gastos sobrevenidos, sino porque los políticos se han acostumbrado a no tener nada planificado y vivir de ocurrencias. Pregúntate ¿Cuántas modificaciones de crédito ha existido en tu ayuntamiento en el último año? Por ejemplo.
Es decir, el presupuesto se vende como “el plan del año”, pero en la práctica el gasto se va reescribiendo sobre la marcha. Los compromisos aparecen, las prioridades cambian, las partidas se mueven. El presupuesto, muchas veces, no es un mapa: es una foto que se retoca mes a mes.
En cambio, los ingresos se resuelven con la fórmula de siempre: si falta dinero, se aprieta al contribuyente (más impuestos, más tasas, más multas, más deuda).
Hay una tendencia que cualquier ciudadano percibe sin necesidad de leer una liquidación: los presupuestos públicos nunca van a menos. Van siempre a más cada año. Y no es solo por inflación o por crecimiento económico. Hay un componente de incentivos.
¿Cómo se construye un presupuesto? Normalmente, desde abajo: cada área, cada concejalía, cada departamento expone “lo que necesita”. Y aquí aparece el incentivo inevitable: un responsable de área gana peso interno y externo si su área crece. Más personal, más programas, más partidas, más capacidad de decidir. En un entorno donde nadie “compite” por beneficios y donde el coste del error no se paga en primera persona, el resultado tiende a ser el mismo: cada uno pide más, y la suma final siempre, es más.
Esto convierte a la administración en algo parecido a un agujero negro presupuestario: absorbe recursos, crece, y es muy difícil ponerle un límite porque el límite no aparece en forma de pérdida propia, sino de coste difuso repartido entre todos.
Hay otra realidad poco popular en los discursos: una parte enorme del presupuesto no se dedica a transformar nada, sino a sostener la estructura. Personal, funcionamiento, mantenimiento, contratos recurrentes, alquileres, suministros, servicios externalizados, entes dependientes, subvenciones que se perpetúan…
Mientras tanto, la inversión —la parte que realmente podría cambiar cosas de manera tangible— suele ser la porción más pequeña y, a menudo, la más vistosa en propaganda. Porque una inversión se enseña. Un gasto estructural interesa ocultarlo. En ninguna rueda de prensa se habla del gasto en personal, por ejemplo. O del coste del absentismo laboral. No hablan de ello ni el gobierno ni la oposición, por cierto.
Llegamos a un punto más delicado: no solo importa cuánto se gasta, sino cómo se decide gastar, es algo más importante, y de lo que nadie tampoco habla.
Muchas decisiones públicas no pasan por el filtro que cualquier familia o empresa considera básico: estudio de viabilidad, retorno esperado, riesgos, mantenimiento futuro, coste de oportunidad. A veces se invierte porque “queda bien”, porque “toca”, porque “se prometió”, porque “lo pide un colectivo”, o porque “genera titulares”. Y, por supuesto, existe el gasto políticamente rentable: repartir pequeñas cantidades en forma de subvenciones, convenios o ayudas a asociaciones y colectivos que luego se convierten —voluntaria o involuntariamente— en red de apoyo y movilización. Es humano, es previsible y, precisamente por eso, debería analizarse con lupa
Aquí encaja una metáfora muy simple: no se juega igual al póker con tu dinero que con fichas ajenas. Con tu dinero, dudas, calculas, te frenas. Con fichas que no te cuestan —porque el error lo paga otro— te vuelves más audaz, más impulsivo, más imprudente. Ese es el problema de fondo: el coste del fallo en política rara vez lo paga quien decide. Lo paga el ciudadano: en impuestos, en deuda, en servicios peores o en oportunidades perdidas.
Por eso, la próxima vez que leas un presupuesto —municipal, provincial, autonómico o estatal—, debes hacer un ejercicio sencillo y casi subversivo: mira menos el escaparate del gasto y más el sótano del ingreso.
Hazte estas preguntas:
- ¿De dónde sale exactamente el dinero? ¿Impuestos propios, tasas, transferencias, deuda?
- ¿Qué parte del gasto es “automática” (estructura) y qué parte es realmente elegible y evaluable?
- ¿Qué pasa si ese proyecto no se hace? (Porque el coste de oportunidad también existe en lo público.)
- ¿Qué mantenimiento generará en el futuro? (Muchas “inversiones” son gastos diferidos.)
- ¿Qué evaluación se hará después? No antes. Después.
Y esta recomendación no es solo para ciudadanos. También lo es para la oposición y para los medios: si el debate se queda en “qué se anuncia”, se pierde lo esencial. Porque el gasto se puede mover con una modificación de crédito, y un gobierno puede funcionar con prórrogas y remiendos presupuestarios. Lo que no cambia es el origen del dinero: sale de la vida económica de la gente.
Quizá el primer paso para sanear la conversación pública no sea discutir el último proyecto llamativo, sino recuperar una pregunta de lo más sensata:
“¿y esto, ¿quién lo paga?”