España ratificó la Convención y su Protocolo Facultativo en 2007, entrando en vigor el 3 de mayo de 2008, de ahí la elección de este día como fecha idónea para insistir en que el contenido de la Convención, como Tratado Internacional que incorpora a nuestro ordenamiento jurídico todos los derechos, principios y garantías que establece e impone obligaciones a los poderes públicos para garantizar su ejercicio pleno y efectivo.
El movimiento asociativo de la discapacidad, a través del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), celebra este día bajo el lema ‘La Convención de la ONU, la mejor aliada de las personas con discapacidad’, poniendo el acento en que la Convención “es el tratado internacional que promueve, protege y asegura los derechos humanos de las personas con discapacidad en todo el mundo”.
Además, hace un llamamiento al uso combinado de la Convención junto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 de Naciones Unidas para aprovechar todo el “potencial transformador” de estos instrumentos a favor de las personas con discapacidad.
Bajo el amparo de la Convención y su trascendental influencia, hemos asistido a imponentes avances en la igualdad efectiva de las personas con discapacidad, entre los que destacan dos: el acceso al voto de todas las personas con discapacidad y la aprobación en las Cortes de Castilla-La Mancha de la Ley de Protección y Apoyo Garantizado para las Personas con Discapacidad.
Por primera vez, las personas con discapacidad han tenido la posibilidad de ejercer su derecho al voto, gracias a la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral (LOREG), que garantiza el derecho de sufragio a todas las personas con discapacidad, lo que ha permitido que 100.000 personas en España y más de 5.000 en Castilla-La Mancha puedan votar.
Además, en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, las Cortes regionales aprobaron por unanimidad la Ley de Protección y Apoyo Garantizado para Personas con Discapacidad, que está en sintonía con el artículo 12 de la Convención que establece que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica y, por tanto, tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás en todos los aspectos de la vida.
Esta norma viene a dar tranquilidad a las familias y una respuesta a la angustia de muchos padres que se preguntan ¿qué va a ser de nuestros hijos cuando nosotros no estemos? Esta Lay fortalece el marco jurídico de garantías cuando las personas con discapacidad carezcan de apoyos familiares, favoreciendo la toma de decisiones, y con la creación de los Planes Personales de Futuro para que la Administración respete las decisiones de las personas con discapacidad y sus familias.
Desde Castilla-La Mancha nos sumamos a esta conmemoración, que significa un paso más hacia una comunidad inclusiva en la que las personas con discapacidad puedan ejercer de forma plena sus derechos y que, desde las administraciones, podamos contribuir a seguir mejorando su bienestar.
*Presidente de Castilla-La Mancha
