Es conocido y compartido que, en general, a mayor formación mejor empleo y mayor retribución económica. Dichos empleos contribuyen a ampliar la clase media y, en consecuencia, a mejorar económica, política y socialmente la democracia de un país.
Los activos intangibles, como son la formación de la ciudadanía, I+D+i, las patentes, de que dispone un país son fundamentales para el crecimiento económico y social que se fundamente en la formación y la tecnología, ya que fomentan la innovación, la productividad y la competitividad.
El preámbulo de la LOMLOE establece la necesidad de “proporcionar una educación de calidad para toda la ciudadanía, basada en los principios de calidad y equidad, donde todos los miembros de la comunidad educativa colaboren para que el alumnado tenga garantía de éxito en la educación, por medio de la mejora de los centros educativos y la personalización del proceso de enseñanza-aprendizaje”.
La educación inclusiva entendida como el proceso que ayuda a superar los obstáculos que limitan la presencia, participación y los logros de los alumnos, así como el proceso de fortalecimiento de la capacidad del sistema educativo. Los principios en los que se basa son la igualdad y la diversidad y sus elementos: Flexibilidad, Diversidad e Inteligencias múltiples.
La inclusión establecida ha supuesto un gran logro para lograr la consecución de la universalidad del derecho a la educación en pie de igualdad. Sin embargo, dicho logro ha sido parcial y, además, se ve ensombrecido por la falta de recursos físicos, humanos y tecnológicos para poder atender a la diversidad de alumnado en las aulas y conseguir que los distintas inteligencias puedan ver satisfechas sus lógicas aspiraciones y alcanzar las máximas competencias, de acuerdo con sus capacidades y esfuerzos, es decir, la inclusión total.
El profesorado de la enseñanza no universitaria observa, con resignación, cómo se le imponen cada vez más responsabilidades, para las que ni se les dota de medios ni se les capacita profesionalmente. Además, deben soportar una creciente carga burocrática cuya utilidad o impacto en la mejora de su desempeño profesional a menudo resulta incierta.
Con el número de alumnos por aula, en periodos de una hora escasa en clases inclusivas y, por tanto, heterogéneas, pretender que los profesores puedan atender a las distintas situaciones que se le plantean es del todo punto una utopía, con posibles consecuencias muy negativas para un país que no se puede permitir el lujo de desaprovechar el talento de sus ciudadanos, desincentivar la profesión y aumentar el gasto en educación de las familias.
Si las distintas administraciones educativas, estatal y autonómica, no toman conciencia de la importancia de tener una enseñanza no universitaria de calidad como tienen países de nuestro entorno económico, político y social, el futuro de nuestro estado de bienestar se verá sumamente mermado, creándose una sociedad dual: los que puedan pagar una enseñanza de calidad y los demás, que recalaran en una escuela pública, con profesores mal pagados, muchos alumnos por aula y desincentivados socialmente. Cualquiera puede escoger ejemplos de lo anterior.
Es la hora de tomar decisiones, la necesidad de implementar las dotaciones económicas para la educación no universitaria se hace cada día más patente. Se necesita, también, hacer más atractiva la labor de profesor económica y socialmente, para conseguir los profesionales más dotados para esta tarea fundamental en el estado de bienestar. De no hacerse, en breve las clases medias huirán de la educación pública a la privada, concertada o no. Este efecto perverso de los ciudadanos de los servicios públicos fundamentales (en la sanidad ya se está produciendo) lo identificó y explicó de una forma acertada Albert O. Hirschman en el libro: Salida, voz y lealtad. Respuestas al deterioro de empresas, organizaciones y Estados.
Francisco Ureña Prieto, Ángel García Gómez y Antonio Manuel Vargas Ureña son profesores