La sociedad ciudarrealeña conocía la tarde de este miércoles que el Papa Francisco había decretado la dimisión -por oficio y por el bien de la Iglesia- de un sacerdote de la Diócesis de Ciudad Real, que en 2016 había sido acusado de presuntos abusos a nueve menores en el Seminario, donde él era profesor.
La medida papal se produce tras la negativa reiterada del afectado a cumplir con la pena que le había sido impuesta previamente por la iglesia, como fue la reclusión en un monasterio durante 5 años, donde hubiera recibido asistencia espiritual y psicológica.
La noticia de la expulsión dictada por Francisco fue facilitada por la propia Delegación Diocesana de Medios de Ciudad Real, a través de un comunicado que, ni que decir tiene, corrió como la pólvora por las redacciones de los medios de comunicación, tanto por su relevancia informativa como, también hay que destacarlo, por lo que supone de valentía por parte del Obispado al difundir la resolución final del Santo Padre y el proceso -largo, quizás- llevado a cabo durante estos años, dadas las características específicas de los hechos investigados.
Actuación de la jerarquía eclesiástica
El mencionado comunicado de prensa no se queda solo en dar a conocer la decisión final del Sumo Pontífice sobre el sacerdote en cuestión. Antes al contrario, repasa públicamente cómo actúa la jerarquía eclesiástica provincial desde el momento en que el Seminario de Ciudad Real tiene conocimiento de los hechos y el obispo abre una investigación canónica. A partir de entonces es cuando los hechos se trasladan a la Fiscalía Provincial, por un lado, y a la Congregación para la Doctrina de la Fe de Roma, por otro, desde donde se pide la apertura de un proceso eclesiástico administrativo penal.
Luego vendrán las negativas del cura para cumplir la pena impuesta y la desobediencia a los requerimientos del obispo que, junto a la falta de fundamento de su obstinación y el daño producido a la iglesia, han propiciado la resolución final del papa Francisco contra la que no cabe apelación.
Es una vez finalizado el proceso eclesiástico, cuando el Obispado de Ciudad Real hace pública la decisión final, desmarcándose con ello de las actuaciones que se puedan estar llevando a cabo en otros ámbitos jurisdiccionales y pone en marcha, en un tema tan escabroso como éste, un ejercicio de transparencia hasta ahora inusual. Esta decisión, además, contribuye, sin duda alguna, a alejar cualquier sospecha entre los familiares de quienes estudian en este centro religioso, como de la propia sociedad en general que ve cómo a partir de ahora se aleja de su entorno cualquier atisbo de duda ya que la incertidumbre que hubiera desaparece al estar todo el proceso más cerca de la tranquilidad y la transparencia.
En unos meses será la justicia penal la encargada de juzgar la verosimilitud de los hechos denunciados y el ya ex sacerdote se enfrenta a una petición de 40 años de cárcel. Sin embargo, éste será otro camino, completamente diferente al recorrido hasta ahora. “Dos caminos distintos a través de los cuales la Iglesia y la Justicia del Estado cumplen con su respectiva obligación, pero separadamente”, concluye el comunicado de la Diócesis de Ciudad Real.
