En estos momentos, en los que la Ley Educativa LOMLOE está a punto de pasar por el Senado para su aprobación definitiva y observamos su cuestionamiento en diversos sectores sociales y políticos, desearía realizar una reflexión sobre alguno de ellos.
En una sociedad democrática, el derecho a la educación no es cuestionable, al menos de una manera abierta, pero existen muchas formas encubiertas de hacerlo, por ejemplo: a través de itinerarios educativos precoces que separan a los alumnos, mediante la segregación educativa por sexos, utilizando medidas segregadoras en el acceso a los centros docentes, Etc. Todo ello son ataques al Derecho a la Educación. Pero, digamos que, en general, no es cuestionable.
La constitución del 78 lo plasmó en su artículo 27.1: “Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza”. Posteriormente, se han ido introduciendo otros derechos relacionados con los avances sociales, tales como la formación a lo largo de la vida, nuestros compromisos con determinados organismos internacionales – derechos del niño, igualdad entre hombres y mujeres, nuevas tecnologías, etc. –
La inexistencia de un Pacto de Estado por la Educación, más allá del artículo 27 de la Constitución, que debemos indicar que es interpretable, ha impedido un desarrollo armónico del sistema educativo en nuestro país. Ocho leyes en cuarenta años nos dan una idea de los altibajos a los que ha estado y está sometido el sistema educativo en nuestro país.
Y si a esto sumamos que el consenso tácito que implicó la LODE de 1985, entre las distintas fuerzas políticas en aspectos como la Educación Concertada, fue roto por la LOMCE del PP en 2013, el problema se agrava.
Hecha la introducción, constado el derecho a la educación, la siguiente pregunta sería ¿quién regula y garantiza ese derecho?
El artículo 27.5 de la constitución lo deja claro: “los poderes públicos, mediante una programación general de la enseñanza con la participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes”.
Sobre esa base se asienta la legitimidad de la LOMLOE, aunque veamos y escuchemos que líderes de la derecha alientan el desacato, introduciendo en la sociedad determinados sesgos para soliviantar los ánimos y que, además de no ser verdad, o ser simplemente medias verdades, generan incertidumbres en las familias respecto a la educación de sus hijos. Sería más honesto decir: “dado que no estamos de acuerdo, cambiaremos la Ley cuando volvamos al gobierno”, como hicieron el PSOE y diez partidos más respecto a la LOMCE.
Una de estas cuestiones es la “Demanda Social” en educación, concepto introducido por la LOMCE en 2013, con el apoyo solitario del PP, en su artículo 109, rompiendo así ese pacto educativo sobreentendido establecido desde la LODE en lo que respecta a la creación de centros sostenidos con fondos públicos, con la finalidad de favorecer la enseñanza privada frente a la pública. A ello habría que añadir lo recogido en su adicional decimoquinta: “Los Municipios cooperarán con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes” – podrían haber añadido “públicos”-, lo que ha supuesto, de hecho, regalar terrenos para construcción de centros educativos de promoción privada con el compromiso de otorgarles posteriormente el concierto. Madrid y Valencia – cuando estaba gobernada por el PP – saben mucho de esto. ¿Han oído hablar de los hospitales semiprivatizados de Esperanza Aguirre?
Cuando no se desea invertir en Educación, esa responsabilidad se deja en manos de la empresa privada.
La demanda social en educación implica el derecho de los padres a poder elegir el centro que deseen, de acuerdo, lógicamente, con unos criterios ordenados previamente y establecidos para todos, como pueden ser la cercanía al centro, el número de hermanos matriculados en el mismo, las circunstancias de la Renta, etc. Pero no es un derecho absoluto, como se recoge en la LODE ante situaciones de exceso de demanda, y como lo ha indicado el defensor del pueblo en numerosas ocasiones. No es posible planificar la ubicación de los centros de un curso para otro dependiendo de la demanda existente ese año. Es una cuestión obvia sobre organización y programación de los recursos existentes. Y como es un derecho, le corresponde al poder Publico garantizarlo, no a la empresa privada, como vienen haciendo gobiernos neoliberales del PP en alguna de la Autonomías en las que gobiernas.
Lo que no es demanda social es el derecho de los centros a elegir a sus alumnos. Lo que también es cuestionable es que los poderes públicos tengan la obligación de realizar conciertos educativos en aras de la libertad de enseñanza. La interpretación de estas premisas es uno de los fundamentos a partir de los cuales cambia la visión de lo que se entiende por educación pública y por libertad de enseñanza según quién gobierne. Al neoliberalismo no le importa hacer dejación de este derecho en la empresa privada y el PSOE, por el contrario, entiende que ese derecho le corresponde garantizarlo a los poderes públicos, dado que a la educación pública la definen sus fines sociales, sean centros públicos o concertados – ambos sostenidos con fondos públicos y ambos complementarios – y en ningún caso dependen de la lógica del mercado. Y aprovecho la situación para indicar que no se debe estigmatizar a la generalidad de los centros concertados, que funcionan adecuadamente, y cuyo 60% pertenece a la Iglesia.
La LOMLOE no pone en riesgo la existencia de los centros concertados, hay que leerla. Lo que sí pone en riesgo, porque lo elimina, es el cobro de cuotas que no están relacionadas con el carácter gratuito de la enseñanza (tales como pagos a fundaciones, asociaciones u otros servicios obligatorios, etc.); pero esto también reza para la enseñanza pública, como no podía ser de otra manera.
Entendemos que el debate suscitado ante la LOMLOE es fruto de la intención por mejorar el sistema educativo y no por el negocio que pueda llevar asociado la Educación; y echo de menos que no se plantee el debate público ante las familias acerca de los contenidos del currículo, de la metodología, de la inclusión, de la equidad, de la nueva estructura del sistema, etc.
Dicho todo lo cual, opino que el Pacto por la Educación es obligado y necesario, a no ser que creamos que es sano cambiar una Ley Educativa cada cuatro años.
