Lunes, 7,30 de la mañana. Comienza el día, pero el drama nunca descansa. Me llegan notificaciones que hielan la sangre. Un puesto de la Guardia Civil informa sobre un caso de violencia de género de alto riesgo: una mujer de 34 años, con lesiones visibles, no quiere denunciar. La patrulla activa el Protocolo 0 y detiene al agresor, su marido. Desde la Policía Nacional, otro mensaje: una tentativa de homicidio. Un hombre intentó atropellar a su expareja tras amenazarla de muerte.
Y no son los únicos mensajes del lunes, porque aunque todos los días son duros, los fines de semana suelen producirse más episodios.
Estas historias, desgarradoras, no son aisladas. Se repiten en todos los rincones de nuestro país, todos los días, y se intensifican los fines de semana. Revisando los datos de la provincia de Ciudad Real, el sistema VioGén me devuelve una realidad estremecedora: 1.153 mujeres bajo seguimiento, de las cuales casi la mitad han recibido amenazas de muerte o a su integridad física. Sus hijos tampoco están a salvo: 64 casos con menores en riesgo y 185 menores en situación de vulnerabilidad.
Recuerdo a Cándida, asesinada en febrero, dejando a un niño huérfano. Fue una más entre las 40 mujeres asesinadas este año por violencia machista y 30 niños huérfanos en nuestro país. Desde 2003 ya son 1.284 mujeres asesinadas en España.
Además, 8 menores han sido asesinados este año, 4 de ellos en casos de violencia vicaria, ese horror que busca dañar a las mujeres atacando lo que más aman: sus hijos.
Mientras, leo con incredulidad cómo en mi ciudad se decide suprimir las unidades especializadas de violencia de género en la Policía Local, cambiándoles el nombre para eliminar cualquier “término ideológico”. Pero, ¿cómo se puede banalizar algo tan serio? No es una cuestión de semántica; es una cuestión de justicia y reconocimiento. Invisibilizar esta violencia es perpetuarla.
Desde el Gobierno de España mantenemos nuestro compromiso firme al lado de las víctimas. Con el Plan España te protege contra la violencia machista, invertimos 153,4 millones de euros para garantizar atención integral: información, asistencia jurídica gratuita, apoyo psicológico, ayuda educativa y herramientas para la reinserción laboral. Pero no podemos hacerlo solos. Las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos son esenciales, y cada institución debe asumir su papel con responsabilidad.
También necesitamos que la sociedad entera actúe. Los entornos cercanos de las víctimas —amigos, vecinos, compañeros— deben ser una red de apoyo, no de silencio. A cada mujer que vive atrapada en esta pesadilla, quiero decirle: no estás sola. Hay un plan, hay ayuda y hay personas que no permitirán que el silencio siga cobrando vidas, ni que continúe limitándose la libertad y la dignidad de tantas mujeres.
Y no trabajamos solos. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos son claves en esta tarea. Ellos gestionan muchos de estos servicios, asegurando que cada mujer, en cada rincón del país, pueda tener una puerta abierta a la ayuda. Y por ello es muy importante mantener consensos sociales e institucionales en la lucha contra la desigualdad de género, que es innegable, aunque haya quien lo niegue, aunque haya quien lo disfrace y aunque existan silencios cómplices.
Pero también debemos ser capaces de sensibilizar a los entornos de las víctimas para que actúen de forma activa y brinden apoyo a mujeres en situaciones de violencia de género. Es muy importante el papel de amigos, vecinos y profesionales para garantizar que las víctimas no se sientan solas ni culpables.
Tenemos que acompañar a las mujeres en su recuperación y ayudarlas a construir un futuro donde la igualdad, la confianza en sí mismas y las oportunidades sean reales. Porque cada mujer merece sentirse segura, respetada y libre para ser quien quiera ser.
