Sabido es que la diferencia fundamental existente entre una dictadura y una democracia consiste en que en esta última, su soberanía reside en el pueblo que la conforma. Pero también en respetar las atribuciones y responsabilidades tanto del Modelo de Estado, en nuestro caso, monarquía parlamentaria como de sus tres Poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. El legislativo formado por las Cortes Generales, Congreso y Senado, el ejecutivo integrado por el Gobierno de la nación y el judicial representado, además de los tribunales y las administraciones de justicia, por el Consejo General del Poder judicial que es el órgano encargado de velar por la independencia del poder judicial frente a otras instituciones del Estado.
Tan extenso preámbulo, creo que resulta pertinente debido a que el gobierno de la nación presidido por Pedro Sánchez, gobierno procurado por los votos de Sumar y de los partidos independentistas, está sumido en una tarea calificadora de hechos con naturaleza netamente jurídica, que no política, que claramente no le corresponde como son la amnistía y terrorismo.
Ante la presión de los grupos que lo apoyan, cuyo único objetivo es constituirse como naciones o países con soberanía propia, a los que en consecuencia los problemas de España les traen sin cuidado.
Las últimas declaraciones del presidente del gobierno por las que todos los independentistas van a ser amnistiados porque no son terroristas, sin duda para intentar convencer así a Puigdemont, denotan un deseo, un afán de asumir una responsabilidad que no es competencia en primera instancia del poder ejecutivo, sino judicial. Son los jueces quienes han de expresarse. Sánchez con estas declaraciones, pretende trasladar a la opinión pública la idea de que es el gobierno quien decide lo que es o no es terrorismo, interfiriendo de una manera interesada la labor del poder judicial, lo cual es pura y llanamente una forma de autoritarismo.
Y es que España no es usted sólo señor Sánchez, ni su gobierno, ni su partido, ni la suma de su partido con los que lo apoyan u oponen, quieran ser o no españoles. España es una monarquía parlamentaria con tres poderes, el tercero de ellos, el judicial, encargado por velar sobre la legalidad de las decisiones del poder ejecutivo y legislativo.
Quien representa al Estado es hoy por hoy Felipe VI. Usted preside un gobierno legítimamente constituido que debe ceñirse en todo momento a realizar las funciones propias del poder ejecutivo. El problema está en que sus socios de gobierno le están exigiendo decisiones que superan ese ámbito ejecutivo, contrarias o no a la Constitución, pero en todo caso competencia del poder judicial.
La división de poderes es una cualidad fundamental e inexcusable para todas las democracias representativas. Algo necesario pues como diría Montesquieu “toda persona que tiene poder es propenso a abusar de él”. Sea en forma de república o monarquía.
