Cuanto más interviene el Estado en la vida económica y social, más espacio abre para la corrupción, los mercados negros, las mafias y los incentivos perversos.
La corrupción no surge por generación espontánea, ni porque los ciudadanos de un país sean “peores” o mejores que los de otro. Hay dos ingredientes necesarios, pero no suficientes para que surja: uno de ellos es el poder para impedir o permitir algo, concentrado en manos del Estado, y otro, dinero en juego ligado a esa decisión
A partir ahí, se construye esa dinámica perversa donde la intervención estatal, lejos de corregir problemas, lo que hace es crearlos y agravarlos.
Una sociedad libre con derechos de propiedad claros, mercados abiertos y no intervenidos, no elimina, por supuesto, el mal humano, pero reduce las oportunidades estructurales de corrupción y crea algo que al Estado le cuesta mucho: incentivos para hacer las cosas bien.
¿Alguna vez te has preguntado por qué la corrupción y la ineficiencia pública parecen problemas eternos, sin importar quién esté en el poder? A menudo buscamos las causas en la moral de los políticos o en la cultura, pero ¿y si la raíz del problema fuera mucho más profunda y contraintuitiva?, te has preguntado ¿Dónde hay mercado negro y sobornos en el comercio? ¿sobre qué productos existen mafias organizadas?
La corrupción no nace del mercado, sino de la falta de mercados libres. No es un vicio inherente al capitalismo, como muchos creen. Es un producto directo de la intervención y la excesiva regulación. Donde la administración prohíbe o limita una actividad, crea un incentivo para el soborno. Por ejemplo, ¿puedes construir una casa, donde y como quieras, de la altura que quieras y del color que quieras? Evidentemente no. Necesitas, un permiso, una licencia, un informe, un visado, que requiere la firma de un político, un funcionario, adquiriendo con ello este acto, un valor económico. Y donde hay valor, hay un mercado, aunque sea ilegal.
La mayoría de las corrupciones se dan en dos sectores, uno de ellos todo lo relacionado con el urbanismo y la vivienda: recalificaciones, licencias, informes, “vistas gordas”. Nadie puede construir donde quiera ni lo que quiera. El suelo cambia de valor de un día para otro según lo que diga un plan parcial, una revisión del PGOU, un estudio “técnico”, que curiosamente siempre beneficia a los mismos. Un terreno rústico vale X; si pasa a urbanizable, vale 10X. Ese salto no lo decide el mercado, lo decide una firma. Y donde una firma transforma papel en millones, esa firma vale dinero. Oficialmente, en tasas, impuestos y cuotas urbanísticas. Extraoficialmente, pueden existir sobres, favores, comisiones y puertas giratorias.
Otro de los sectores de mayor corrupción es el de los grandes contratos públicos. Obra civil, limpieza, recogida de residuos, informática, publicidad institucional. La Administración no “compra” como un cliente más: reparte millones con poder casi absoluto para redactar pliegos a medida, excluir competidores incómodos o trocear contratos para adjudicarlos “a dedo”. Lo estamos viendo todos los días. No hay más que escuchar cualquier noticiero o periódico. Las empresas, ante ese escenario, aprenden muy rápido que a veces resulta más rentable invertir en relaciones políticas que en mejorar el producto. No se compite solo en precio y calidad, sino en cercanía al poder. Es la lógica de la búsqueda de rentas: dinero que no se gana sirviendo mejor al cliente, sino capturando al político adecuado.
Otro tipo es la existencia de mafias, o mercados negros. Estos surgen para proveer los bienes y servicios que el Estado ha prohibido o restringido: armas, drogas, juego, prostitución, tráfico de personas, etc. Pero también surge cuando el estado controla los precios o crea racionamiento de productos. Al no desaparecer la demanda, simplemente se desvía hacia un canal ilegal donde florece la corrupción.
En el caso del sector público, está lógica de incentivos perversos, donde la intervención estatal crea el problema que dice combatir, extiende la corrupción a la misma gestión de los servicios públicos creando una dinámica paradójica y destructiva: cuanto peor funciona un servicio público, más recursos tiende a recibir, y cuanto mejor funciona, más se le recorta. A diferencia de la empresa privada, el fracaso a menudo se premia con más recursos, mientras que el éxito se castiga con recortes presupuestarios y de personal.
Esto es exactamente lo contrario de lo que ocurre en el mercado libre. Los recursos fluyen hacían quien lo hace mejor, obteniendo beneficios y creciendo. Y eliminando aquellas empresas que lo hacen peor, las que tienen perdidas. (“destrucción creativa” Schumpeter). Y esto lo hacen los ciudadanos con sus decisiones libres. (a nadie se le obliga a pasar a ZARA, el Corte Inglés, o acudir a cualquier servicio privado)
Pero en los servicios públicos no ha salida posible, no puedes cambiar de estado si la justicia es lenta, puedes llevar a tus hijos a un colegio privado, si existe, pero seguirás pagando con impuestos el sistema público, si no funcionan bien los servicios de tu ayuntamiento, no tienes “salida”. Solo te queda protestar. Y de nuevo el estado, los políticos con su incentivo perverso, quitaran presupuesto a quien no protesta, para dárselo al que organiza disturbios, huelgas, presión mediática o bien se ha organizado en un “lobby” para presionar al político de turno. Todo sin ningún criterio de eficiencia.
El ser humano se mueve por incentivos. La corrupción no es un fallo moral, sino una consecuencia lógica del aumento de intervención del estado en todas las facetas de nuestra vida.
la corrupción no es un problema de “cuatro manzanas podridas” dentro de una institución sana. Es un defecto de fábrica del aumento de la intervención estatal. Los políticos administran dinero que no es suyo, con horizontes que terminan en la próxima cita electoral. Los funcionarios y altos cargos gestionan normas, licencias y sanciones con un amplio margen de discrecionalidad. Alrededor de esa estructura se organizan grupos de presión que descubren que, en lugar de pelear en el mercado, pueden conseguir mucho más barato un decreto favorable, una subvención generosa o una regulación que expulse a sus competidores.
La respuesta habitual de los mismos que se benefician del sistema es casi cómica: “Hace falta una nueva agencia anticorrupción, una oficina independiente, un órgano supervisor más”. Es decir, más plazas, más presupuesto, más derechos de firma, más personas que también pueden ser capturadas. A cada escándalo, un nuevo muro… lleno de puertas. Lo que no se cuestiona casi nunca es el volumen total de dinero que el Estado gestiona, ni el tamaño del espacio donde la política decide quién gana y quién pierde, ni la maraña regulatoria que permite la discrecionalidad de quien decide.
No se trata de soñar con el político perfecto ni de redactar el enésimo código de buenas prácticas, sino de quitarle al Estado la tentación. Reducir su tamaño, su esfera de actuación y su capacidad de repartir favores. Menos sectores regulados significa menos licencias que conceder y menos licencias que comprar. Menos subvenciones discrecionales implica menos filas en el pasillo del consejero de turno. Menos empresas públicas y menos monopolio estatal es más competencia, más transparencia y menos oscuridad contable. En última instancia, más sociedad civil y más mercado significa que las decisiones se toman mediante contratos voluntarios entre partes, no mediante la gracia o el capricho de un cargo público.
De esta forma, ¿Desaparecería la corrupción? No. Siempre habrá tramposos. Pero cambiaría radicalmente su escala y su rentabilidad. Cuando el Estado se presenta como solucionador universal, como repartidor de justicia social, empleo, cultura, vivienda y hasta felicidad, lo que está anunciando de hecho es la existencia de una ventanilla única de poder. Y cuando concentras tanto en un solo sitio, no solo atraes a personas bienintencionadas. También llamas, como una luz en medio de la noche, a todos aquellos que ven en el Boletín Oficial no un instrumento de convivencia, sino un manual de instrucciones para enriquecerse a costa de los demás.
