En un texto previo se explicaba que el sistema público de pensiones no aguanta: las cotizaciones no pagan la factura y el Estado rellena el agujero a base de inyecciones desde los Presupuestos. Sanchez ha inventado el MEI —otro impuesto camuflado— pero no arregla nada. Los políticos han encontrado un sedante verbal para el público: “traigan más inmigración y asunto resuelto”.
El argumento es falso. Se está reproduciendo en España la misma receta que aplicaron gobiernos europeos hace una década y que ya sabemos cómo terminó: con la mayoría de la población rechazándola… y con los números en rojo. Pero aquí se recicla el eslogan con la misma tranquilidad con la que se cambia un decorado: “pagarán las pensiones”. Ni los datos, ni la demografía, ni la contabilidad respaldan ese mantra.
Para Sánchez la cosa se resume en un dilema maniqueo: país “abierto y próspero” o país “cerrado y pobre”. Qué cómodo es moralizar para no hablar de cifras. La inmigración se envuelve en discurso humanitario —que puede estar justificado— pero se vende además como salvavidas fiscal automático. Se repite sin rubor: sin ellos el tinglado se hunde.
El Banco de España, en vez de pinchar el globo, lo engorda. Para conservar en 2053 una relación activos/jubilados parecida a la actual habría que tener 56 millones de personas en edad de trabajar. Traducido: importar 24,6 millones en tres décadas —un millón al año— porque no hubo hijos propios. En lugar de afrontar reformas de empleo, vivienda y natalidad, la “solución” es traer poblaciones enteras para aplazar el ajuste. Reformar lo difícil: cero. Importar población —y con ella votos futuros—: cien.
La vida no se parece a una hoja de Excel. Hay inmigrantes que contribuyen, claro; el problema está en la estructura: muchos entran en ocupaciones de baja cualificación y cotización. Eso no salva un sistema de reparto envejecido; lo posterga hoy para ampliar el agujero mañana cuando ellos mismos pasen a cobrar prestaciones.
Mientras, el impacto existe donde duele de verdad:
- Vivienda con demanda añadida y precios al alza
- Sanidad con esperas disparadas
- Aulas sobrecargadas
- Salarios bajos en empleos básicos por mayor competencia
No hace falta demonizar a nadie; basta aceptar una obviedad: si metes más personas a competir por recursos escasos sin reformar el terreno de juego, no compras integración; compras fricción.
El eslogan oficial dice: “aportan más de lo que cuestan”. La evidencia real de países que nos llevan diez años de ventaja dice lo contrario. Países Bajos: estudio oficial —saldo neto negativo en la mayoría de los casos. Reino Unido, con 12 millones recibidos: 1 aportado por cada 1,6 gastado. Alemania: casi la mitad de los perceptores de ayudas son inmigrantes. Estados Unidos: 150.000 millones anuales de coste asociado a inmigración irregular. Si hubiera oro al final del arcoíris ya lo habrían encontrado.
La pregunta honesta no es cuánta inmigración necesitamos sino qué economía hace posible que quienes están y quienes lleguen generen valor suficiente. España precisa un mercado laboral que premie productividad, empresas que crezcan, vivienda pagable, natalidad incentivada, servicios dimensionados. Lo demás es anestesia verbal.
A largo plazo el patrón es claro: la mayoría de los inmigrantes acaban siendo receptores netos; pagan menos de lo que consumen en servicios y transferencias a lo largo de su ciclo vital. Y, como es lógico, los saldos más negativos aparecen en perfiles de origen más pobre y menor cualificación. No es racismo —es contabilidad. No es xenofobia pedir límites, orden y priorización. La verdadera perversión es usar personas como fichas para tapar balances sabiendo que el coste social vendrá luego —para ellos y para nosotros.
Y lo más llamativo: en España ni siquiera existe un estudio serio que permita hablar con datos. A escala local, en ciudades como Ciudad Real, el organismo municipal de empleo (IMPEFE) bien podría dedicar recursos a medir impacto real en vez de almacenar planes de empleo en cadena. Aquí sobran consignas y faltan series estadísticas.
Lo dicho: esto sólo es la mitad del asunto. La otra mitad —el impacto cultural y político de un reemplazo demográfico sostenido— merece artículo propio. Será el siguiente.
