La Asamblea de Mujeres Feministas de Ciudad Real manifiesta su rechazo a la renuncia por parte del Ministerio de Igualdad de incluir la reforma del artículo 187 del Código Penal en la futura Ley de Trata de Personas y reivindica la tramitación de la LOASP.
Llevamos unos días de conmoción mundial con la muerte del Papa Francisco, el gran apagón nacional y la cifra en aumento y que no cesa de las mujeres asesinadas por violencia machista. Hace una semana las feministas tuvimos nuestra particular conmoción al leer la noticia de que el Ministerio de Igualdad renunciaba a incluir la abolición de la prostitución en la Ley contra la Trata de Personas que se está tramitando.
Es decir, actualmente en España no se sanciona a los proxenetas (aquellas ersonas que se lucran de forma sistemática con la prostitución), tampoco se sancionan a los dueños de los locales que obtienen dinero de la cesión de espacios para el ejercicio de la prostitución (la llamada tercería locativa), ni a los prostituidores o puteros (las personas que pagan por actos sexuales).
Renuncia a reformar el artículo 187 del Código Penal, incluyendo como delito la tercería locativa y el proxenetismo. Considerar ambos términos como delito impediría y dificultaría la prostitución y la trata con fines de explotación sexual, teniendo incidencia directa en la demanda, desalentándola, y a la vez se disuadiría de que se cedan, alquilen o vendan locales para ejercer la prostitución.
La pasada legislatura ya se registró una proposición de ley orgánica para prohibir el proxenetismo, y en la legislatura actual, en abril de 2024, el partido socialista lo volvió a intentar y tampoco fue posible por el voto en contra de la izquierda más progresista, que cae en una contradicción y se une al bloque del liberalismo y capitalismo, pues considera que se pueden comprar a las personas y que se puede comprar mantener relaciones
sexuales con mujeres por medio de un billete.
Los partidos políticos que votaron en contra consideran que la prostitución es un trabajo y por ello hay que regularlo; todo ello en un intento de hacer creer a la sociedad que es un trabajo digno como otro cualquiera, olvidando a todas las personas (principalmente mujeres y niñas) que son prostituidas y que no lo hacen libremente. Estas personas sufren graves violaciones de los derechos humanos, una forma de violencia ancestral contra las mujeres y que ahora se puede considerar “esclavitud sexual” en pleno siglo XXI.
Atentado a la dignidad de las personas
La prostitución es uno de los negocios más lucrativos en España, que abusa, explota y agrede a mujeres y niñas, que además une la trata sexual y la prostitución. Las feministas lo tenemos claro: sin prostitución no hay trata y sin demanda no hay prostitución. Esta relación ya se recogía en el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, una resolución de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, ratificada por España según BOE de 25 septiembre de 1962, y que en el preámbulo
dice:
«Considerando que la prostitución y el mal que la acompaña, la trata de personas para fines de prostitución, son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana y ponen en peligro el bienestar del individuo, de la familia y de la comunidad».
Desde la perspectiva feminista, la prostitución, en todos los casos y circunstancias, atenta la dignidad humana de las mujeres, puesto que tener dignidad significa que los seres racionales somos personas y por ello no podemos ser cosificadas. Las mujeres no pueden ser tratadas, ni por ellas mismas, como un objeto, puesto que la dignidad personal atañe a toda la sociedad en su conjunto.
Se impone una conducta sexual a mujeres sin respetar su libertad de decisión. Incluso si existe consentimiento, éste estaría viciado por el pago de los servicios sexuales y por la falta de deseo por parte de la mujer prostituida, y por ello y siempre la prostitución sería un atentado a la dignidad de la persona.
Si se tienen dudas de que la prostitución afecta directamente a la dignidad de las mujeres, en el Informe de la Relatora Especial de la ONU, Reem Alsalem, del 7 de mayo de 2024 sobre la prostitución y la violencia contra las mujeres y las niñas, mantiene que la prostitución es una vulneración de los derechos humanos, puesto que las personas prostituidas a menudo son deshumanizadas y percibidas sin derecho alguno, ni siquiera el de
la dignidad, pues sufren trato degradante inhumano con abusos sexuales, tortura psicológica y violencia física, con fuertes palizas, entre otras cosas por la negativa (a mantener relaciones), la falta de entusiasmo o la disociación de la víctima, la introducción de objetos extraños en su cuerpo y los actos de los hombres que orinan, defecan y eyaculan sobre ellas, y que pueden obligarlas a mantener relaciones sexuales sin protección.
Defendemos la abolición de la prostitución
El movimiento feminista es abolicionista, pues considera que la prostitución constituye una de las modalidades más antiguas en las que la violencia que se manifiesta, asegura y perpetúa la desigualdad entre mujeres y hombres y una manifestación atroz de la violencia contra las mujeres.
Consideramos que es una institución patriarcal en la que se manifiestan las relaciones de poder y la hegemonía masculina que impone su heterosexualidad como norma y privilegio. Hablamos de la cosificación del cuerpo femenino, de la construcción social y simbólica de la sexualidad femenina y masculina, de la exclusión social y el estigma que sufren las mujeres prostituidas, la invisibilización de los prostituidores, responsables de la demanda, y de la justificación de la existencia de la misma como un “mal menor” para canalizar/controlar una sexualidad naturalizada como irrefrenable.
Por el relato de algunas de las supervivientes del sistema prostitucional, que han estado en Ciudad Real dando conferencias, como Amelia Tiganus, Sonia Sánchez, Sarah Berlori (vetada en una jornada en septiembre pasado, por el propio ayuntamiento de Ciudad Real); confirmamos que deben estar disponibles las 24 horas del día, aceptar a todo aquel que las desee y que sufren todo tipo de abusos y vejaciones sin más límite que la
imaginación depravada de un “cliente prostituidor”.
Esos comportamientos, lejos de considerarse privados, como en otro tiempo fue la violencia ejercida por la pareja, son una violencia estructural y simbólica asociada al poder de los varones sobre las mujeres en el plano sexual, y nos afecta a toda la sociedad, puesto que no se puede mantener que una sociedad es libre, democrática e igualitaria si una parte de ella está “esclavizada”.
También queremos reivindicar la tramitación de la Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional (LOASP) elaborada por organizaciones feministas, con tres ejes centrales que reproduzco a continuación:
La desactivación de la demanda de prostitución por construir la misma un elemento esencial y clave para la pervivencia de esta forma de violencia y explotación. Resumimos la idea principal de este artículo señalando que es preciso abolir el sistema prostitucional al ser una cuestión de derechos humanos, es muy necesario
desincentivar la demanda y hay que dar asistencia, protección y reparación a las víctimas supervivientes del sistema prostitucional.
Y dejamos unas preguntas que deberíamos hacernos como una sociedad democrática sustentada en valores como la libertad, la justicia y la igualdad:
● ¿Cómo es posible que la sociedad permita que se compre sexo a cambio de dinero?
● ¿Por qué se acepta la cosificación de mujeres y niñas que son despojadas de sus derechos y de su dignidad?
● ¿Qué clase de varones (puteros) son los que pagan por sexo, por prostitución?
● ¿Por qué no hay sanción social y la sociedad lo tolera manteniendo un pacto de silencio ante quienes demandan sexo a cambio de dinero?
Garantizar a las mujeres en situación de prostitución, con independencia de su origen o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, los derechos y recursos necesarios para su protección, atención y reparación integral.
El desmantelamiento de la industria de explotación sexual y de las actividades de los proxenetas que, con medios coercitivos o por mero ánimo de lucro, intervienen o median en la prostitución ajena en beneficio o provecho propio.
