La periodista Analía Plaza acaba de publicar “La vida cañón”. Un libro en el que nos cuenta la historia del “boomer” disfrutón que ha llegado a la madurez con unas condiciones envidiables para sus hijos y muchísimo mejores que las que tuvieron los de la generación anterior, la de sus padres. Este grupo de ciudadanos es muy numeroso y representa una cuarta parte de la población actual de nuestro país.
Más allá de lo que se apunta en esta publicación —el discriminatorio sistema de pensiones que hay con relación al que habrá en el futuro; el difícil acceso a la vivienda en propiedad; la precariedad laboral actual; o el supuesto enfrentamiento intergeneracional—, hay que entender que la generación del baby boom tuvo una situación difícil debido a que, entre los años 1957 y 1977, hubo, según el INE, 14 millones de nacimientos.
Hoy se ve atractivo el actual sistema de pensiones por la cuantía que reciben los actuales beneficiarios comparándolas con el importe de los actuales salarios, aunque hay que recordar que algunos de estos pensionistas llegaron a cotizar más de cuarenta y cinco años. Otra cosa es cómo se revalorizan, pero lo peor es que el sistema no es sostenible y cada vez es más deficitario al no cubrirse con las cotizaciones generadas.
En España la fiscalidad por el IRPF de las pensiones puede ser considerada como una doble imposición exigible a estos contribuyentes. Ya que, cuando generaron los derechos de esta prestación, ellos abonaron su IRPF. Si se es exigente con la supresión de la doble imposición internacional, no se entiende que no se exija cuando se produce entre rentas salariales y las cantidades percibidas en las pensiones contributivas.
En cuanto a que se accedió con relativa facilidad a la vivienda en propiedad, habría que decir que la vivienda siempre ha sido un problema en España. Entre otras cosas porque el parque público de viviendas ha sido muy reducido, con lo que el alquiler de este tipo de inmuebles ha sido mínimo. Además, sociológicamente, el español siempre ha preferido la vivienda en propiedad, mientras que en otros países el parque público es elevado y la vivienda en propiedad no llega al cincuenta por ciento.
La anterior crisis económica fue sobre todo de hundimiento del mercado y de caída de los precios de la vivienda, lo que generó impagos de muchos propietarios que acabaron perdiendo sus inmuebles; quebraron empresas de construcción que abandonaron las obras antes de finalizarlas; generó una grave crisis financiera en muchas entidades prestatarias; y por ello el Estado tuvo que rescatar a muchas de estas entidades.
Pero el elevado precio de la vivienda tiene múltiples causas. Como la concentración de población en algunas grandes ciudades —como Barcelona, Madrid, Málaga o Valencia, además de las capitales insulares—, lo que ha favorecido un desequilibrio entre la oferta y la demanda. O el elevado coste fiscal de la vivienda que según un estudio reciente de OBS Business School, el 45% del precio final de la vivienda está condicionado por cuestiones políticas. Entre las que destacan los numerosos impuestos y tasas, además de gastos de financiación por demoras, ya que el proceso de construcción a veces se prolonga más de diez años.
En cuanto a la reducción de la oferta de vivienda hay varias causas. La transformación de vivienda residencial en pisos turísticos, reduce el parque residencial. El temor a la ocupación y la inseguridad que esta situación genera a los propietarios de vivienda, no facilita la oferta en alquiler de estos inmuebles ni la rebaja de los precios. Conclusión, hay muchas viviendas residenciales que, estando vacías, no salen al mercado.
Sobre la supuesta precariedad laboral actual quizás convenga recordar cómo era esa actividad cuando los primeros “boomer” se incorporaban a ella. La mayoría de los jóvenes de entonces carecían de formación universitaria, por lo que se incorporaban a la actividad productiva con entre 14 y 18 años. Salvo quienes tenían una formación específica de la actividad que realizaban, el resto empezaba como aprendiz. Y esta situación era la más precaria de todas, también salarialmente, y podía durar varios años.
Los muy pocos que lograron ir a la universidad tuvieron un problema. Si habían realizado estudios para las áreas de educación o sanidad se encontraron con que durante casi una década no hubo oferta pública de empleo en esos campos. Y en aquel tiempo había una presión social importante. Se decía que antes de los veinticinco años una persona tenía que tomar el 80% de las decisiones importantes de su vida. En qué trabajar, donde vivir, tener pareja, o haber adquirido una vivienda.
La emancipación era obligada y dado el primer paso no había vuelta a atrás. Eso hacía que la gente trabajara casi en cualquier cosa. Se veían médicos trabajando en labores administrativas; o a maestros y a licenciados en especialidades de letras haciendo todo tipo de trabajos manuales.
Pero esta generación supo adaptarse a esta complicada situación con cierta naturalidad y hasta con dignidad. Por lo que creo injusto e inmerecido el calificativo que el título de esta obra le otorga.
Quizás sean nuestros políticos quienes deben atender esta situación como merece.
