Recientemente ha surgido un debate sobre la contratación de médicos sin título de especialista homologado en Castilla-La Mancha. El jefe de servicio de obstetricia y ginecología de Puertollano denunció a la fiscalía la existencia de cuatro médicos en su servicio sin homologación y, según su criterio, sin la capacitación necesaria para realizar algunas de las actividades de la especialidad. Posteriormente, el SESCAM ha reconocido en rueda de prensa que existen 72 médicos sin título homologado contratados en nuestra comunidad autónoma, indicando que, al parecer, es un problema general en nuestro país. Tanto en la prensa como en redes sociales han surgido diversas opiniones, a favor y en contra de la contratación. En algunos casos se ha sugerido, a falta de mejor argumento, que puede tratarse de discriminación por sexo, origen, etc. de los profesionales no homologados.
El Pleno del Consejo General de la Organización Médica Colegial (OMC), máximo órgano de dicha organización que, recordemos, es la que controla junto con las autoridades la práctica de la medicina en nuestra país con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes, ha dicho que “no es aceptable en modo alguno, la contratación de médicos, por parte de gerencias sanitarias/direcciones de RRHH en diferentes CCAA, con titulaciones no homologadas o sin reconocimiento a efectos profesionales”. En términos similares se había pronunciado con anterioridad el Consejo de Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha. De hecho, el artículo 24 del Código de Deontología Médica, indica que “los actos médicos especializados deben quedar reservados a los facultativos que posean el Título correspondiente”, y en el artículo 26.8 “El médico tiene el deber de denunciar al Colegio…al médico que no posea la cualificación adecuada…Nunca deberá colaborar ni contratar a profesionales que no posean la debida cualificación”.
Desde muchas fuentes se reclama como solución una mayor diligencia en la homologación de los títulos, lo cual parece razonable. No obstante, algunos de nosotros, que tuvimos la oportunidad de estar en la Comisión Nacional de Cardiología en representación de la OMC, sabemos que la homologación, aunque podría agilizarse, no es un mero trámite administrativo: debe revisarse la formación del candidato, comparar con la exigida en España, en algunos casos pedir aclaraciones y, con frecuencia, exigir formación complementaria en nuestro país cuando la formación aportada se aparta de la exigida para la práctica de la especialidad en España. Y todo esto para garantizar a los pacientes que, cuando reciben atención médica, ésta es de la mejor calidad, lo que garantiza su seguridad. Pasa algo parecido en otros países desarrollados con profesionales procedentes de países con distinta formación. No es discriminación sino exigir a todos lo mismo, según reclaman la ley y la seguridad del paciente.
En este estado de cosas, sorprenden las declaraciones del Dr. Rodríguez Sendín, ex Presidente de la OMC y Presidente de la Comisión de Deontología del Colegio de Médicos de Toledo y de la Comisión Central de Deontología de la OMC que, en un medio digital, minimiza el problema diciendo que “detrás de la contratación de médicos sin titulación homologada, práctica que ’no es nueva’ y que se da en todo el país, está la ausencia de profesionales nacionales y la tardanza en la homologación que se demora ‘más de lo debido’, pues puede tardar “hasta cuatro años”. También señala que ‘siempre es mejor tener a alguien que no tenerlo’, y, más adelante, “si no los hay necesitamos cubrir los puestos con profesionales de otras latitudes, aunque la formación especializada sea diferente.” Al final de sus declaraciones, indica “…no es justo atentar contra estos médicos que hacen lo que pueden, lo que saben y para lo que están formados”, lo que va seguido de que tilda de “poco acertado” que se “ponga en tela de juicio a esta gente que deja sus países para venir a trabajar a España”. Cualquiera diría que, más que agilizar, lo que se pide es suprimir el proceso de homologación y que se quiere recurrir a indicar que la crítica al hecho –irregular cuando menos según la OMC- es un ataque a los profesionales. No se critica a los profesionales, sino al hecho de que la administración no ajuste su contratación a la normativa, insistimos, para garantizar la seguridad de los pacientes.
Algunas de estas afirmaciones del Dr. Rodríguez Sendín son más que discutibles, y van claramente en contra de lo dicho por la OMC. Lo que quizás pueda explicar esta opinión opuesta a la de la OMC es el hecho de que el Dr. Rodríguez Sendín es, en la actualidad, Director Médico de la Gerencia de Inspección del SESCAM, un cargo que se omite en la entrevista, y que, en nuestra opinión, tiene el potencial de crear claros conflictos de intereses en esta y otras situaciones. Por ética debería indicarse claramente para que el lector tuviera toda la información relevante.
