Si analizamos los datos con más profundidad, observamos algo que AFAMMER lleva casi cuatro décadas denunciando: la vulnerabilidad de las mujeres rurales que sufren violencia de género es mucho más palpable que en las ciudades por las especiales condiciones en las que viven.
Hablamos de mujeres que viven en círculos sociales más cerrados donde aún importa mucho el “qué dirán”, donde es más complicado que su relato sea creíble y el miedo al aislamiento social es mayor.
Una evidencia de la que se hacen eco las estadísticas ya que en lo que llevamos de año en España ya hemos tenido que lamentar el asesinato de 16 mujeres y 2 menores. Ocho de estas 16 mujeres fueron asesinadas en el mes de mayo. Y más de la mitad de las víctimas fallecidas este año – nueve en total – residían en municipios de menos de 20.000 habitantes. Y de esos 9, seis no llegaban a los 10.000.
Por ello, es necesario seguir alzando la voz para decir que tenemos que aprovechar la gran oportunidad que nos ofrece el Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado a finales de 2017. Un Pacto de que les dijo a las mujeres: “salid de la violencia porque es posible una nueva vida”.
Un gran acuerdo que no hubiera sido posible sin el diálogo y el consenso de todos los grupos parlamentarios; las Comunidades autónomas; ayuntamientos y las organizaciones que representamos a la sociedad civil.
Por ello, desde AFAMMER nos alegramos por el compromiso manifestado públicamente por la mayoría de los grupos parlamentarios de blindar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, pues estamos ante el mayor compromiso alcanzado en nuestro país con las víctimas de la violencia machista.
El pasado 24 de mayo comparecí en la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género a propuesta de los grupos parlamentarios. Un gran honor, pero sobre todo una gran oportunidad para incidir ante sus señorías, en la necesidad de romper el silencio a través de campañas de prevención y sensibilización específicas para la sociedad rural. Pues el silencio es mayor a medida que disminuye el tamaño del municipio.
También pedí una mayor organización del presupuesto que haga efectivo los protocolos municipales en materia de género, pues a día de hoy observamos como los pequeños municipios todavía no han conseguido implementar un protocolo exhaustivo. Por otra parte, solicité que los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado cuenten con la formación necesaria para proteger a las víctimas y a sus hijos y que se refuerce la presencia de la Policía y Guardia Civil en las zonas rurales tal y como establece la medida 77 del Pacto de Estado.
Así mismo, alerté que no se está dando efectivo cumplimiento al artículo 129 que pide que se incremente a las víctimas en las zonas rurales con un mayor número de centros de acogida y/o de información, en coordinación con las comunidades autónomas; en la necesidad de analizar la situación de los Puntos de Encuentro Familiar del medio rural para saber si el servicio se ha visto afectado por la pandemia; destinar más ayudas públicas para el empleo y la formación de las víctimas de violencia en el medio rural para facilitar su salida del maltrato; la realización de estudios e informes exhaustivos y actualizados que permitan contribuir de una forma eficaz a la lucha contra todos los tipos de violencia contra las mujeres, tal y cómo está incluido en el ámbito de aplicación del Convenio de Estambul; y la elaboración de estudios e informes con datos específicos sobre ruralidad que establezca un diagnóstico de igualdad en el medio rural tras la pandemia, fueron algunas medidas propuestas para impulsar el Pacto.
Pero sobre todo pedí que una herramienta tan útil como es el Pacto de Estado contra la violencia de Género no se quede en papel mojado o en buenas intenciones. No podemos abandonar a su suerte a las víctimas de la violencia machista pues una vida de maltrato, es una vida perdida.
