El sector agrario de CLM ha sido y es un pilar esencial de la economía regional. La actividad agropecuaria es también la piedra angular sobre la que se sostienen nuestros pueblos. Nuestra producción agrícola y ganadera alimenta a millones de personas, de España y de medio mundo; además de abastecer dentro y fuera de la región a una potente industria agroalimentaria.
Durante la pandemia, el sector primario de CLM demostró su capacidad para seguir proveyendo a la ciudadanía confinada del imprescindible suministro de productos vegetales y animales, con la máxima calidad y plenas garantías de seguridad alimentaria. El último informe de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) revela que CLM “fue la comunidad autónoma que registró una menor caída del PIB en 2020; creció en 2021 un 4,8%, siendo la que más cerca situó ese año su PIB del nivel previo a la pandemia; y el crecimiento estimado de 2022 fue del 4,3%, siendo una de las pocas regiones que en dicho año habrían recuperado el nivel de PIB de 2019”.
Todo ello, gracias fundamentalmente a la actividad agraria, cuya aportación al PIB no deja de crecer. Solo en los últimos cinco años de la pasada década -los últimos de los que el MAPA ha publicado ya las Cuentas Económicas de la Agricultura con resultados destallados por comunidades autónomas-, los agricultores y ganaderos de CLM incrementaron el valor de su producción un 20,71% (frente al 13,46% estatal). Y, lo que es mejor: incrementaron aún más su productividad: el valor añadido neto de la actividad agropecuaria de nuestra región avanzó en ese lustro un 39,08%, mucho más del doble de la media nacional (15,18%). Finalmente, la renta empresarial agraria mejoró en CLM un 21,73%, mientras que solo lo hizo un 4,44% en la media de España.
Castilla-La Mancha puede estar orgullosa de su Agricultura. Que lleva mucho tiempo afrontando con éxito cuantos retos se le presentan, y que debe seguir superando los tiene ahora por delante, que no son pocos ni leves. Desde los efectos de la guerra de Ucrania, fundamentalmente sobre los precios de insumos vitales como la energía o los piensos; a los aún más inciertos y no menos preocupantes del cambio climático. Y el agua. Y la incorporación de jóvenes -y de mujeres. Y la comercialización (la ley de la cadena alimentaria garantiza al productor agrario que los precios percibidos no sean inferiores a los precios pagados. Pero seguimos preguntándonos cómo es posible que un ajo vendido a 0,61 euros/kilo al salir de Las Pedroñeras cueste en el supermercado diez veces más. Aunque el señor Roig ya nos ha explicado que si Mercadona no sube los precios una burrada y dispara de paso sus beneficios, se hunde el mundo. El mundo rural y el mundo entero).
Hay otros retos que nos conciernen y nos emplazan conjuntamente a los agentes sociales, a las patronales y a los sindicatos: Los aspectos sociales de la nueva PAC. La mejora de las condiciones laborales y salariales, comenzando por la adecuación de los convenios sectoriales al SMI para el año 2023. La salud laboral. La ordenación de los flujos migratorios. Los alojamientos. La regulación de la contratación fija-discontinua. La Igualdad de género. La formación y cualificación profesional. La modernización de las relaciones laborales y su nivelación regional, eliminando o minimizando al menos las distorsiones derivadas de las diferencias de costes laborales y las ventajas competitivas de las que gozan los empresarios agrarios de unas provincias frente a los de provincias limítrofes.
Patronales y sindicatos agrarios tenemos que hablar de muchas cosas. Los acuerdos a los que seamos capaces de llegar para poner en valor la agricultura y el trabajo que requiere serán nuestra mejor contribución para acrecentar la consideración social y el atractivo del campo y de los pueblos de nuestra región como destino laboral y vital.
