La credibilidad de la Universidad española lleva demasiado tiempo en entredicho. Más aún, nada se ha hecho para resolver ese problema, que no es académico. Con el “caso Cifuentes” el Consejo de Rectores demostró su inoperancia y su deseo de no pisarse la manguera unos a otros, como si el descrédito de unos no fuese contra todos. No hablamos de un problema administrativo ni político, sino de ética y responsabilidad, por marcar la diferencia.
De ese magma de oscuridad, intereses políticos, negocio y personalismos crónicos que se ha generado en nuestra Universidad y especialmente en una de ellas, la Rey Juan Carlos, tutelada por la Comunidad de Madrid, se aprovechan quienes construyen una falsa realidad que pone en cuestión la ética de los políticos, azuza a los ciudadanos contra la política, cree innecesaria la Justicia por lenta y la quiere sustituir por la inmediatez antes de que el titular o el escándalo difundido pase página, quede viejo en el espectáculo. Este es el centro del problema que se ha llevado por delante ya a dos ministros, a una presidenta de Comunidad, amenaza al presidente del Partido Popular como una espada de Damocles sobre él y su partido y hasta ha intentado embadurnar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Queríamos ser paladines de la transparencia y hemos caído en manos de cuatro pillos y pillas alimentados por la postverdad (la falsa verdad) y finanzas dudosas, sin tiempo para que la investigación interna y ética o que las vías existentes u otras nuevas confirmen la sospecha, los datos aportados por esos medios de comunicación. Sobre ese filo caminamos sin darnos cuenta de la debilidad del respeto y la democracia y la fortaleza creciente de los nuevos jueces mediáticos.
¿A dónde se ha desviado la comprobación de la verdad? ¿A una periodista que llamaba “mentirosa” con todas las letras a una ministra y sonreía triunfal porque sabía que nadie la iba a rebatir antes de que el objetivo cayese, porque sabía que el espectáculo corre y quema más rápido que la realidad?. Bien por la ética de una ministra que dimite ante una acusación, aunque la considere falsa, pero dudo de esa ética que antepone su criterio profesional a la verdad misma.
Me preguntan por la importancia de la ética en la política. Estoy con esa ética, pero que la verdad se compruebe. No me vale la opinión sola de un medio de comunicación, respeto su libertad, pero no su suficiencia sobre los hechos. Van cuatro casos ya en los que ha crecido esa estrategia que mueven algunos medios. Si a Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, no la hubiesen pillado con las cremas en las manos, podría haberse salvado, aunque lo dudo. A Casado, presidente del Partido Popular, no se lo cargará la presión política de sus adversarios, sino cualquier otro supuesto acontecimiento antes de que se verifique el caso; al menos, el proceso judicial está abierto, pendiente de si el Tribunal Supremo decide imputarlo o no. Para el ministro de Cultura del gobierno Sánchez, Maxim Huerta, llegó tarde la andanada que buscaba su cese. Al menos en su contencioso con Hacienda había “causa juzgada”: una sentencia judicial en su contra y la historia se contra él, empujada por los muchos odios que definen históricamente el sector de la cultura y su silencio precio a ser nombrado. De nuevo varios medios hicieron de portavoces hasta que su cargo rodó.
La dimisión de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, sienta un precedente diferente y grave: el juicio ajeno parte de otra verdad sobre su expediente académico en un máster de la misma Universidad que Cifuentes o Casado, la Rey Juan Carlos; esa Universidad ya no tiene credibilidad ni firmeza suficiente para salir al paso de las informaciones y aclarar la verdad, incluso aunque coincida con lo que se cuenta. La dimisión, como salida ética, se impone ante la traca de fuegos artificiales generada. El camino queda libre. Ya hemos conseguido que la política se dirija desde los medios de Comunicación y no en el Parlamento.
Si nada más llegar a su cargo, la ministra de Educación y portavoz del Gobierno socialista hubiese convocado al inoperante Consejo de Rectores para debatir el caso de los “master a mansalva”, hubiera puesto una pica en Flandes y no parecería tan grave su actual desaparición pública. A veces los gestos sirven cuando anuncian una línea de actuación futura y no son sólo gestos.
Aurelio Romero Serrano (Ciudad Real, 1951) es periodista y escritor
