Hoy hemos conocido la respuesta de Puigdemont al requerimiento del gobierno central efectuado con motivo de una supuesta declaración de independencia de Cataluña. Y como cabía esperar, la respuesta va en el mismo sentido que su discurso en el Parlament el pasado 10 de octubre. Lo único que queda claro de las manifestaciones del señor Puigdemont es que necesita tiempo. Pero, ¿tiempo para qué?
Ningún responsable de la Generalitat responde. Junqueras y algunos sectores del PDeCat se han limitado a pedir a sus seguidores unidad. Pero, ¿unidad hacia dónde? Tampoco hay respuesta. Más bien se pide un acto de fe, un acto de confianza ciega en la habilidad estratégica y negociadora de unos líderes que presumen de saber a dónde llevan al pueblo catalán, pero que se reservan compartir con ellos esa hoja de ruta.
Esta forma de gestionar la consulta del 1 de octubre debería ser inasumible para cualquiera, por mucho que pueda desear la independencia de Cataluña. Si la consulta carecía de toda legitimidad legal, la gestión de su resultado carece de legitimidad política. Sin embargo, si bien pueden culpar al gobierno central de lo primero (por su cerrazón de impedir una consulta usando la fuerza), lo segundo es responsabilidad exclusiva del independentismo.
El Govern de Cataluña tiene que aclarar si considera suficiente el intento de consulta para declarar la independencia de forma unilateral. No para que el gobierno de Rajoy pueda poner en marcha el “mecanismo del 155”, que a la vista está que de igual modo lo hará, sino para explicarle al pueblo de Cataluña qué pretenden los capitanes que han embarcado a su pueblo en un viaje, aparentemente, hacia ninguna parte.
Es probable que con todo esto se busque un acuerdo, no para acordar un referéndum, ni mucho menos para reconocer la consulta del 1-O como suficiente para la declaración de independencia, sino para negociar aquello que no está en la agenda pública. Nuestra fuerza política viene reclamando diálogo y entendimiento para salir de ésta crisis institucional, pero hay que ser igualmente claro señalando que no vale cualquier acuerdo.
Sobre la mesa está la posibilidad de que unos renuncien al independentismo sin consultar a nadie, a cambio de que los otros hagan constitucional un “cupo catalán” de la misma manera que modificaron el artículo 135 de la Constitución en 2011, es decir, sin consultar a nadie. Resulta paradójico, pero la salida más decorosa para Pugdemont podría ser un acuerdo con PP y PSOE para no consultar a nadie sobre aquello que negocien.
Y a nadie se le escapa lo beneficioso que sería tal cosa para las élites. Una entente cordial entre la burguesía catalana y española que deje fuera las aspiraciones populares, tanto las independentistas como las del resto de la ciudadanía española. Que lleguen a un acuerdo de reparto del botín y firmen de nuevo una Pax corrupta en la que los recortes y el ataque a los derechos de la clase trabajadora les devuelvan la paz y la armonía a los poderosos.
Reclamemos un diálogo sincero, con las cartas bocarriba y participado por todos y todas. Apostemos por una gran reforma que vaya en la dirección de reforzar los derechos civiles y sociales. Que podamos ver una España en los que todos los poderes del estado se coordinan y movilizan para hacer efectivos otros derechos constitucionales de la ciudadanía, como el derecho a una vivienda digna.
Y que vaya también en dirección a la República, pero no la catalana, sino la española, una República para todos y todas como marco de convivencia para la España del futuro.
Pedro Mellado es el coordinador Provincial de Izquierda Unida
