A la espera de que comiencen a materializarse las medidas que contempla el Plan Director presentado en su día en el juzgado, los nuevos propietarios del Aeropuerto de Ciudad Real han iniciado esta semana una nueva etapa de su trayectoria, dejando atrás el polémico recorrido que ha protagonizado durante los últimos veinte años. La firma de su compraventa, este martes, viene a ser el punto de partida oficial hacia la puesta en marcha de ese Plan que en su presentación recogía inversiones cercanas a los 600 millones de euros y la creación de miles de empleos directos e indirectos, en los primeros 10 años de vida de este nuevo período.
Cuando el pasado mes de julio el juez Carmelo Ordóñez cerraba el proceso de venta, una vez aceptada la propuesta que le brindaba la única empresa –Ciudad Real International Airport (CRIA)- que ha sido capaz de rescatar esta infraestructura aeroportuaria, varada en la orilla de un inmenso océano de intereses, nos referíamos a la complejidad del proceso de venta y a los trámites que quedaban por salvar hasta la firma.
Dos meses después y con periodistas y cámaras mediante, la sociedad ciudarrealeña conocía que la adquisición de estas instalaciones era una realidad y que ya podrían ser impulsados los proyectos previstos en ese Plan. También se ponía fin a muchas, o algunas depende cómo se mire, de las reticencias de aquéllos que creyeron, pero poco, en que una operación de este tipo fuera posible.
El papel del juez
Es indiscutible el papel que ha desempeñado el juez Carmelo Ordóñez para llegar al momento actual. Prueba de ello es que cada vez son más quienes consideran determinante su gestión para desenmarañar el ovillo y avanzar en la resolución del complejo proceso en el que se había convertido la venta, tedioso quizás, y cuya inercia se rompe cuando el magistrado -noviembre de 2015- declara nula la venta de las instalaciones. Meses después se ponía en marcha otro proceso cuyos resultados son de los que hablamos hoy aquí.
Un recorrido por la trayectoria del Aeropuerto de Ciudad Real, desde su tramitación en el ministerio de Fomento en 1997, pone de relieve las numerosas deficiencias que han acompañado al proyecto desde sus inicios. A un sistema urbanístico inadecuado para infraestructuras de esta gran dimensión y calado se fueron sumando todas aquellas derivadas de los intereses económicos, financieros y medioambientales del momento que, en su conjunto, frustraron iniciativas de desarrollo, proyectos de futuro e incluso, se llevaron por delante las ilusiones de muchos ciudadanos que creyeron que su puesta marcha era la oportunidad de quedarse en su tierra para vivir en ella con toda la dignidad posible.
Golpe de timón
El de ahora es, sin duda, un tiempo distinto. Ni los protagonistas de la gestión del aeropuerto son los mismos ni la sociedad actual tampoco. Si el golpe de timón jurídico corrigió el rumbo de la navegación aeroportuaria, solo sería deseable ahora que, durante la nueva travesía, las aguas del océano vayan despegando el lastre que retuvo tantas ilusiones e intereses y así, los nuevos gestores puedan navegar solo con la carga resultante de invertir en un proyecto en el que, a juzgar por su apuesta, han considerado interesante.
