Ahora se lanzan a un “totum revolutum”. Mezclar verdades y mentiras; a ver quién ha robado más; igualar responsabilidades de muy distinto grado; vamos, vamos; hemos visto hasta quien aparece en las listas de Bárcenas pidiendo la dimisión de Sánchez. Políticos y mediáticos que hablan de lo que la sentencia no dice. La sentencia dice que “la Junta de Andalucía cambió los procedimientos para la adjudicación de ayudas a 77 empresas en dificultades para que fuesen más ágiles; lo que evitó el control y provocó un enorme descontrol del que se beneficiaron 103 intrusos”. ¿Delictivo? Sí. ¿Sancionable? Sí.
Pero de ahí a todo lo que se está diciendo para llegar a la conclusión de que es el mayor caso de corrupción, es una infamia; un claro intento de tapar otros muchos casos. No. De tapar bocas nada. Que comparezca el presidente en el Congreso. Sí. Aún a sabiendas de que algunos lo que pretenden es montar un circo. Sí. Debe subir a la Tribuna, y sin entrar al trapo, presentar una propuesta clara y contundente para acabar con la corrupción. Una lucha planteada desde dos frentes: Por un lado investigar todos los casos habidos en las tres últimas décadas, y por otro presentar un proyecto de Ley que impida a políticos y empresarios volver a la corrupción.
No voy a entrar a opinar sobre la sentencia, a pesar de las opiniones de ciertos magistrados y catedráticos poniéndola en tela de juicio. Solo desde el punto de vista político y moral quiero escribir aquí que hay “una pequeña diferencia” respecto a otras corruptelas. El objetivo primero era facilitar la tramitación de unas ayudas, que en la mayoría de los casos llegaron con absoluta normalidad. Mientras otros las montaron desde su inicio para financiar partidos, para repartirse sobres, o para llevárselo crudo a paraísos fiscales. “Una pequeña diferencia”.
