Los cinco ejes prioritarios del borrador de Castilla-La Mancha respecto a la reforma de la PAC son la profesionalización de la agricultura, el relevo generacional para dar paso a los jóvenes, la conciliación entre la protección del medio ambiente y la rentabilidad de las explotaciones agrarias, un mejor posicionamiento del agricultor en la cadena alimentaria y el traslado a la sociedad del papel básico de la producción agrario-ganadera para la vida.
Así lo explica a lanzadigital.com la directora general de Agricultura y Ganadería, Cruz Ponce, que indica que una de las ‘líneas rojas’ del Gobierno regional en la negociación de la Política Agraria Común más allá de 2020 sería no alcanzar un presupuesto fuerte y unos fondos sin recortes, objetivos coincidentes con el Ministerio de Agricultura.
También confía en que se destierre la posibilidad de aplicar la cofinanciación por parte de los países miembros de la Unión Europea, una propuesta “peligrosa y nada igualitaria para los estados con menor capacidad financiera”.
Ponce recuerda que la aportación por cada ciudadano europeo a la PAC a través de impuestos es de 116 euros por año, así como Castilla-La Mancha recibe 830 millones por ejercicio.
Profesionalización
El Gobierno regional plantea como una de sus prioridades el aumento de la proporción de agricultores que viven de sus explotaciones, lo que significa profesionalizar un colectivo vital en la producción de alimentos. Los criterios que plantean para ser perceptores de las ayudas europeas soJ que la renta agraria suponga el 50% de los ingresos de los productores, y que coticen en el régimen agrario de la Seguridad Social.
La Junta y los agentes del mundo agrario también respaldan la habilitación de incentivos para las explotaciones “más débiles” a la hora de enfrentarse a los mercados, frente a otras más dimensionadas. “Sería un apoyo económico en los pagos directos con carácter redistributivo, y así alcanzar una convergencia interna”, razona Ponce, que asegura que “queremos apoyar a las explotaciones familiares, que tienen una gran importancia económica”.
La redistribución de las subvenciones beneficiarían a agricultores y ganaderos profesionales.
Relevo generacional
Otro de los ejes de la postura común de Castilla-La Mancha es el impulso de medidas para apoyar la integración de los jóvenes, para alcanzar un verdadero relevo generacional, dado que seis de cada diez agricultores tienen más de 60 años y “además perciben menos ayudas”, y sólo el 4,5% tiene menos de 35.
Igualmente, plantean fortalecer el compromiso con las mujeres del entorno rural “para que puedan tener un desarrollo profesional y personal en el campo”, además de priorizar “lo más posible” las explotaciones de titularidad compartida.
En la actualidad, el 37,7% de los beneficiarios de las ayudas son mujeres y solo el 26% son perceptoras de los pagos directos.
Desarrollo sostenible
Otra cuestión fundamental para el Gobierno regional desde un punto vista medio ambiental, en base a los tratados de la Unión Europea y la ONU sobre desarrollo sostenible, es “encontrar la conciliación entre la protección del medio ambiente y la rentabilidad de las explotaciones agrarias”. Ponce se muestra partidaria de que los agricultores preserven el entorno natural y, a su vez, de que la actividad agrícola se proteja de las consecuencias del cambio climático, a través de ayudas compensatorias.
Medidas de mercado
El Gobierno autonómico también defenderá la posición “débil” del agricultor en la cadena alimentaria, para contrarrestar la posición dominante “de los mercados globalizados”.
Los productores cobran precios ruinosos por sus alimentos porque las cotizaciones se establecen en función de las reglas de la oferta y la demanda, una situación en desventaja a la que en distintas campañas se suman prácticas comerciales desleales, un escenario que “hace necesario proteger mejor al agricultor a nivel nacional y comunitario”.
Servicio a la sociedad
Otra de las medidas planteadas por el Gobierno autonómico es diseñar una estrategia para trasladar al consumidor el papel “único y esencial” de la agricultura como un “servicio prioritario a la sociedad”.
Según Ponce, el sector primario produce alimentos a precios razonables y protege el medio ambiente, por lo que desde la iniciativa regional plantean una serie de acciones dirigidas a toda la sociedad “empezando desde los colegios” para que conozcan y promuevan la labor del sector agrario.
