Abogados del turno de oficio de Ciudad Real irán a la huelga indefinida desde este martes

Abogados del turno de oficio de Ciudad Real secundarán una huelga indefinida que empieza este martes en toda España y que podría suponer más retrasos en la actividad judicial, muy mermada en el primer semestre del año en el que se solaparon las huelgas de secretarios (letrados de la administración de justicia) y funcionarios.

“No puede ser que cobremos 2,5 euros por hora en una guardia presencial de un día entero, cuando un médico por lo mismo cobra entre 28 y 29 horas por hora; que te paguen cuando les dé la gana o que ni te paguen”, se lamenta Juan Manuel Lumbreras, experimentado abogado de Ciudad Real, con más de treinta años en el turno, y coordinador de la huelga en Ciudad Real capital.

A estas condiciones habría que sumar que si la guardia para la que se pide el servicio es a muchos kilómetros de la capital del partido judicial (en el caso de Ciudad Real incluye Malagón y los Montes, hasta Anchuras), “nosotros ponemos nuestro propio vehículo y todos los gastos de desplazamiento corren de nuestra cuenta”, dice Lumbreras, que remarca que las exigencias “no son solo económicas, sino de condiciones laborales”.

Lumbreras y unos ochenta abogados y abogadas de la provincia están dispuestos a hacer huelga indefinida desde este 21 de noviembre siguiendo la convocatoria del sindicato Venia Advocatorum, sin dejar a ningún justiciable desatendido.

Sobre cómo hacer huelga en un colectivo que tradicionalmente no la hace y las consecuencias que pudiera tener se han dado unas pautas en una asamblea celebrada en el salón de actos del Colegio de Abogados, que ha cedido las instalaciones. Además en la reunión ha estado presente el decano Cipriano Arteche y parte de la junta directiva.

“No dejaremos a nadie indefenso”

“La idea es no dejar a nadie indefenso y cubrir los mismos servicios mínimos que en la huelga de letrados de la administración de justicia. En comparecencias no urgentes y programadas el abogado que secunde la huelga pedirá la suspensión ante el juez o el tribunal y en caso de que se la concedan hará constar su protesta y se recurrirá”, explican.

Concentración el 1 de diciembre

La convocatoria de huelga indefinida implica también una concentración en todas las sedes judiciales el día 1 de diciembre a la una de la tarde, si antes no ha habido ningún avance con el Ministerio de Justicia que lleva meses (desde septiembre) negociando con este sindicato y no aceptan “la miserable subida del 5% del baremo”, explican en el comunicado oficial.

Denuncian “explotación laboral ilícita”

“Llevamos años soportando un trabajo invisible, arduo, no remunerado, esclavizado, sin reconocimiento social, sin vacaciones, sin descanso semanal, sin derecho a cotización, sin ser contratados, lo que nos reduce a una explotación laboral ilícita”, afirman. De hecho las reivindicaciones de este noviembre son las mismas que llevan planteando a través de los colegios de abogados cada 12 de julio, Día de la Justicia Gratuita, solo que ahora cunde el hartazgo.

La convocatoria de huelga indefinida también afecta a la procura, el otro eslabón que según los abogados sostiene la justicia gratuita. “Los abogados y procuradores son los que trabajan gratis ante la cantidad de actuaciones procesales (recursos, ejecuciones, demandas, etc) que el Ministerio de Justicia no abona debido a que, a su conveniencia, han creado un sistema en el que el profesional realiza gratis su trabajo al Estado”, aseguran.

“Los abogados del turno de oficio, que llevan reclamando una subida de baremos digna y el pago de todas sus actuaciones, consideran que no hay más salida que la convocatoria de una huelga nacional e indefinida que dará comienzo este 21 de noviembre”, inciden.

Las reivindicaciones de los huelguistas

Regulación jurídica del profesional del turno de oficio (suscripción de un contrato de trabajo)

Retribuciones dignas y su abono en tiempo y forma

Retribución de la totalidad de las actuaciones realizadas para las que hemos sido desinados y de los tiempos de disponibilidad.

Abono de los costes en los que incurra el profesional al prestar el servicio

Ante la denegación definitiva de la asistencia jurídica gratuita es la Administración la que pagará al profesional y reclamará al ciudadano y no como ocurre hasta ahora que es el profesional el que se queda sin cobrar su trabajo pese a que lo hace como es su obligación.

Actualización de las retribuciones conforme al IPC

Cotización a la Seguridad Social con efectos retroactivos por todos los años trabajados sin que la Administración haya cotizado por los profesionales del turno de oficio.

Derecho a la conciliación, descanso y desconexión digital.

Extinción de la obligatoriedad impuesta al profesional de gestionar la solicitud de otorgamiento de justicia gratuita y reducción de la carga burocrática.

Derecho a la formación gratuita a cargo de la Administración.

Reconocimiento de la condición de autoridad.

Campañas de sensibilización para visibilizar y dignificar la profesión.