J. Y. / Ciudad Real
El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ciudad Real ha absuelto a seis de las siete personas acusadas de faltar al respeto en una concentración el pasado 27 de septiembre a la presidenta regional, María Dolores Cospedal, y al consejero de Educación, Marcial Marín, por lo que fueron juzgados el pasado lunes.
En la sentencia, Antonio Mejía, exime a Rodrigo Manchado, Darío José López, Noel García, Francisco Javier Rodríguez, Verónica Poblete y Jorge Fernández como responsables de una falta de respeto a la autoridad, mientras que condena al séptimo acusado, Antonio Domínguez, a pagar una multa de 50 euros por estos hechos.
Según la resolución “si bien han quedado acreditados los insultos proferidos por el grupo congregado contra Cospedal (‘Cospedal, hija de puta, asesina’), no ha quedado acreditado quién o quiénes los pronunciaron”, mientras que en el caso de Domínguez dice el juez que “sobrepasó el derecho a la libertad de expresión” con la frase “Marín, gorrino, trabaja de interino”.
La sentencia se ha pronunciado en los mismos términos que solicitó en la vista oral el fiscal el pasado 16 de diciembre, que argumentó que no se había documentado quienes eran los responsables de las palabras contra los cargos públicos, salvo en el caso del multado, que es el secretario del grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Ciudad Real.
Éste en su declaración negó que hubiera pronunciado el término “gorrino” y aseguró que se acercó al consejero para intercambió unas frases sobre la situación de los interinos, dado que él es profesor despedido.
Hechos
Los hechos ocurrieron cuando Cospedal y Marín visitaron la capital ciudarrealeña para participar en el acto de reinauguración del Museo Provincial, que había estado en obras seis años, y fueron increpados por un grupo de personas que se congregaron en las inmediaciones de la pinacoteca.
Entre los acusados estaban tres miembros de IU y cuatro personas pertenecientes a grupos sociales como Stop Desahucios, 15-M y el colectivo estudiantil.
Al juicio acudieron el coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, y su homólogo regional, Daniel Martínez, además de familiares y amigos, en solidaridad con los denunciados.
Sentencia favorable
La abogada de Antonio Domínguez, Elena Belló, consideró la sentencia “favorable” para los imputados, dado que “se ha exculpado a seis de los siete denunciados”.
Sobre si la van a recurrir, “la podríamos ganar en la Audiencia”, dijo que todavía no saben qué hacer, aunque “objetivamente y aún entendiendo que no se dijeron las palabras que se imputan a mi patocinado, desde el punto de vista económico cuesta más realizar un recurso de apelación”. Explicó que en el caso de absolución penal, se reabriría el contencioso administrativo, una vía que con la aplicación de la Ley de Tasas, resultaría “gravosísima” e impediría la tutela judicial efectiva. “Solo el pago de las tasas superaría con creces la cuantía de la multa”, mientras que aceptando la condena penal, “quedaría cerrado el proceso administrativo en base al principio ‘no bis in idem’ (no dos veces por lo mismo”.
De otro lado, Belló advirtió de las consecuencias de la futura ley de seguridad ciudadana, pues “es política y criminaliza derechos y libertades”. En el caso de este tipo de faltas “irían directamente al contencioso administrativo con unas multas desproporcionadas que se sumarían a las altas cuotas de las tasas juidiciales”.
La combinación de ambas leyes limitaría “de manera inconstitucional el ejercicio de derechos y libertades fundamentales”.
