El primer juicio por la muerte a manos del hombre de un lince ibérico reintroducido en Ciudad Real dentro del programa Iberlince se ha cerrado este martes con una sentencia de conformidad con pena de multa por delitos contra la fauna, entre el acusado, la finca para la que trabajaba, la fiscalía y las acusaciones populares de Ecologistas en Acción y Aproca.
“Estoy aquí por cazar un lince”, ha admitido el procesado J.N.C., guarda en el año 2014 de la finca La Caminera, un complejo hotelero de lujo en Torrenueva, que ha sido condenado a 21 meses de multa (a razón de 8 euros diarios o cárcel en caso de impago) y 3 años y medio de inhabilitación para la caza.
Promociones Sagemar, la propietaria de La Caminera asegurada en Mapfre, se hará cargo de abonar la indemnización de 90.000 euros a la Junta de Comunidades, responsable en Castilla-La Mancha de la conservación del lince ibérico.
“Inadmisible” que no haya pena de prisión
La sentencia de conformidad, que se ha dictado de viva voz en el juzgado de lo Penal número 3 de Ciudad Real, no ha dejado a todo el mundo satisfecho. Carmen Delgado, del gabinete jurídico del Gobierno de Castilla-La Mancha, considera un mal precedente que no haya habido pena de prisión, como sí ocurrió hace dos años en el caso de la muerte del lince Grazalema (cayó en una caja trampa en una finca de Castellar de Santiago en 2011).
“Agravio brutal”
La Junta no estaba personada en este procedimiento porque su gabinete jurídico no fue informado a tiempo, según ha explicado la letrada, que tacha de “agravio brutal” esta sentencia, respecto al caso de Grazalema (el responsable fue condenado a año y medio de prisión). “Nosotros no hubiéramos aceptado este acuerdo por criterio de igualdad, entendemos que la justicia debe ser igual para todos”, ha rematado la letrada que ha ido al juicio acompañando al personal de la Junta formado por agentes ambientales, responsables de las sueltas en 2014 y técnicos de El Chaparrillo, citados como testigos y peritos.
“Esta condena sienta un precedente”
Sin embargo Ecologistas en Acción pone el acento en la conservación de la naturaleza, y en el precedente de esta sentencia, “por cuanto se ha condenado por dos delitos contra la fauna de los artículos 334 y 336 del Código Penal. Y esto último es importante porque se considera un lazo sin freno un método ilegal de captura de predadores al mismo nivel que el uso del veneno, es decir un método no selectivo”, ha argumentado la abogada Carmen Daimiel.
La letrada de Ecologistas no cree que la pena de multa sea pequeña, “aquí se estaban barajando dos opciones, o bien la prisión que luego podría implicar la suspensión o la pena de multa que nos parece igual de efectiva. Nosotros no estamos en el proceso para que alguien vaya o no a la cárcel sino para defender el medio ambiente”, ha insistido Daimiel.
Aproca: “Más razonable el fallo final”
Por su parte Santiago Ballesteros el abogado de Aproca considera “más que razonable la pena final”. La asociación de propietarios cinegéticos, socio del programa Iberlince, ha ejercido la acusación en este caso para mostrar su compromiso con la conservación de la especies en peligro de extinción.
Juan Pérez, el abogado de la mercantil Sagemar (con domicilio social en Girona) propietaria de La Caminera, ha explicado que el guarda condenado por colocar el lazo en el que murió el lince lo hizo por iniciativa propia, no por instrucciones de los dueños.
El tercer lince muerto por la acción humana
Kairos, una hembra, fue el tercer lince ibérico hallado muerto en Ciudad Real en los primeros meses de las sueltas de ejemplares criados en cautividad en Castilla-La Mancha, que se hicieron en julio de 2014 en Almuradiel.
El ejemplar cayó en diciembre de ese año en un lazo sin freno que el acusado colocó en la finca, con licencia de coto de caza menor, para eliminar predadores. Esta persona encontró el animal muerto y en vez de comunicar lo que había ocurrido (todos los linces que se liberan están radiomarcados con GPS), lanzó el cadáver al coto colindante, el barranco de la Gomera en Castellar de Santiago, en el que fue localizado el 17 de diciembre.
Campeando desde julio
Kairos empezó a campear en libertad el 3 de julio de ese año en la finca Navarredonda, junto a Kaplan y Kiowa (este ejemplar sin embargo logró criar en 2016). Al mes siguiente se volvieron a libertar ejemplares, entre ellos Kala y Kenitra que murieron poco después. De hecho la muerte de Kenitra, que recibió un disparo en una cacería, también está judicializada
En este caso Ecologistas en Acción llegó a solicitar 4 años de prisión, 2 años y medio la fiscalía y 14 meses de cárcel Aproca, además de la indemnización de 90.000 euros que los conservacionistas elevaron a 180.000.
