El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica este lunes dos resoluciones, una de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y otra de las consejerías de Hacienda y Administraciones Públicas y de Educación, Cultura y Deportes, por las que se aprueba la relación definitiva de personas admitidas y excluidas a estos procesos selectivos, ha informado la Junta en nota de prensa.
Del total de personas admitidas, 161 optarán a las plazas vacantes del Cuerpo Auxiliar Administrativo de personal funcionario de la Administración de la Junta y 53 a las de la Escala Auxiliar de Archivos y Bibliotecas, mientras que 55 han sido admitidas para optar a los puestos vacantes correspondientes a la plantilla de personal laboral de la categoría profesional de peón especialista y 284 a las de personal de limpieza y servicios domésticos. Además, de las 553 personas admitidas, 310 son hombres, lo que representa el 56%; y 243 mujeres, es decir, un 44%.
Ambas resoluciones publicadas en el DOCM incluyen también la fecha, hora y lugar para la realización de las pruebas. Éstas tendrán lugar el 25 de septiembre, a las 11:00 horas, en el IES Universidad Laboral de Toledo.
En concreto, los exámenes para la categoría de peón especialista se llevarán a cabo en el Pabellón 1 de la Planta Baja, mientras que los correspondientes a personal de limpieza y servicios domésticos serán en el Pabellón 1 de la Planta Alta.
Por otra parte, las pruebas de acceso al Cuerpo de Auxiliar Administrativo de personal funcionario de la Administración de la Junta se desarrollarán en el Pabellón 2 y las de acceso a la Escala Auxiliar de Archivos y Bibliotecas, en el Pabellón 3.
Cuatro tribunales
Para la celebración de estos cuatro procesos selectivos se constituirán cuatro tribunales, dos para funcionarios y otros dos para laborales, cada uno de los cuales estará integrado por diez miembros, cinco titulares y cinco suplentes, por lo que estarán formados por un total de 40 empleadas y empleados públicos.
Este proceso independiente ha sido posible gracias a la decisión adoptada en 2019 por el Gobierno regional de modificar la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha para facilitar el acceso de las personas con discapacidad intelectual a la función pública.
