Las representantes del PSOE alcazareño, Ana Isabel Abengózar y Carmen Mínguez han comparecido en la tarde de hoy para mostrar su satisfacción por la resolución judicial sobre el sobreseimiento de la querella, que según han manifestado se trataba de una “querella infundada, política y con el único fin de perseguir políticamente a quienes habían gestionado anteriormente la empresa municipal de Aguas y el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan”.
Haciendo referencia a declaraciones vertidas en la rueda de prensa de fecha del 23 de diciembre de 2014 por el portavoz del Gobierno alcazareño en la anterior legislatura, Ángel Puente, Abengózar ha indicado que tras esta “querella política” ha quedado demostrado que “no hay indicio alguno sobre todo aquello de lo que acusaban”.
Basándose en estas manifestaciones de Puente, la representante del PSOE alcazareño ha mostrado su satisfacción porque “esta pesadilla haya acabado tras cinco largos años de sufrimiento personal y familiar” de las personas afectadas por esta querella interpuesta por el anterior Gobierno alcazareño.
Por ello, Abengózar ha reiterado que “esta querella siempre buscó fines políticos y persecución política” que además también contemplaba, en su opinión, “la intención de enturbiar la gestión sobre la empresa municipal Aguas de Alcázar para poder después regalarla”.
Analizada la resolución judicial, Abengózar ha solicitado la “dimisión de Diego Ortega”, al ser el único miembro del Partido Popular alcazareño que continúa en activo en estos momentos como ejercicio de “responsabilidad política” ya que fue durante su mandato en Alcaldía y como presidente de la Corporación cuando sucedieron todos estos hechos.
Razón que se suma según Abengózar, a que se trataba de una “querella infundada, política y con el único fin de perseguir políticamente a quienes habían gestionado anteriormente la empresa municipal de Aguas y el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan”.
Carmen Mínguez, igualmente ha reiterado la postura expresada por Abengózar al subrayar que la venta de Aguas de Alcázar por parte del anterior equipo de Gobierno demuestra que “vender lo público y trabajar sobre los privado era parte de su modus operandi”, solicitando igualmente explicaciones a Ortega “sobre las manifestaciones que él y sus compañeros hicieron sobre unas acusaciones que se ha visto que son infundadas”.
