Desde ACUADA ven con preocupación «la ambigüedad de las respuestas que tanto desde el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, como desde el consistorio de Campo de Criptana se ha tratado el grave problema de la instalación de las plantas de biometano en el término municipal de esta última localidad».
Así, explican que en el Caso de Campo de Criptana el Ayuntamiento se ha planteado modificar el Plan de Ordenación Municipal (POM) para restringir la instalación de plantas de biometano o macrogranjas. Ante esta situación aseguran que lo que hay que plantearse es una negativa del consistorio a estas instalaciones, en cualquier punto de su término municipal, porque el mismo se sitúa a pocos metros por encima, de los depósitos subterráneos de agua del acuífero 23, fácilmente contaminables por cualquier vertido de esas instalaciones, evento frecuente en almacenaje de purines o en la producción de gas.
Al mismo tiempo aseguran que «más grave es la postura alcazareña. Desde la petición de la Asociación ACUADA de un posicionamiento en contra, no han tratado el tema, aunque claramente afecta a la localidad, pues la ubicación elegida para la planta de biometano que conocemos por su Estudio de Impacto Ambiental, apenas está a 9 km y desde allí los vientos dominantes, de componente sureste, van a traer los olores y humos sin problemas».
Observan por estos motivos una falta de estudio del problema descrito por parte de los políticos locales, así como una falta de compromiso de los mismos con la ciudadanía comarcal, que aseguran se verá muy perjudicada. Por ello ACUADA enviará en próximas fechas una petición y un pequeño informe para que los partidos políticos locales se puedan posicionar en contra del proyecto del biometano de Campo de Criptana.
«En ACUADA no nos oponemos a las plantas de biogás como forma de reciclaje de los deshechos ganaderos o de los purines, al tiempo que se obtiene energía y fertilizantes. Pensamos que estas plantas deben de estar dentro de nuestro país, en lugares que por sus características no haya consecuencias medioambientales, o en todo caso deben de estar asociados a escala particular a las granjas que los producen, dentro de proyectos de ciclo cerrado y con todas las garantías ( es decir quién crea residuos, los recicla, almacena y garantiza el buen uso de los restos de su producción)», afirman.
