El Juzgado de lo Penal número 2 de Ciudad Real ha considerado culpables de un delito de prevaricación administrativa a los concejales del Partido Popular de Almodóvar del Campo Manuel Jesús Soria González y Jesús González Serrano, así como a la exconcejal de este partido Marta Blanco González, y los condena a una pena de siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, por la contratación “sin ningún concurso público, ni valoración” de la hermana de otro concejal del PP.
Según la sentencia, que no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial, los hechos ocurrieron a finales del año 2012, cuando la Comisión de Seguimiento de Personal del Ayuntamiento de Almodóvar del Campo -conformada por los tres concejales del PP condenados, uno del PSOE y otro de Izquierda Unida- decidió, con los tres votos favorables del PP y los dos en contra de la oposición, la contratación de Rocío García-Minguillán, hermana del entonces concejal José García-Minguillán, para un puesto de trabajo en la Casa de la Cultura de la localidad.
El magistrado de la sala considera que “para ocupar el cargo de conserje en la Casa de la Cultura no se ha producido ninguna oferta pública, ni siquiera se ha producido una mínima selección, y es que basta observar los procesos seguidos en anteriores ocasiones y, o bien se hace mediante convocatoria pública, o bien a través de las bolsas de empleo, pero en este caso ni se tuvieron en cuenta las disposiciones legales” por parte de los tres concejales condenados.
En la Comisión de Seguimiento de Personal, los tres ediles del Partido Popular incluyeron como “urgencia” en el orden del día la contratación de la hermana del concejal, ya que alegaron que no había personal especializado en los planes de empleo porque en otros planes de empleo las solicitudes “se habían llenado de personas étnicas”, según indicó el propio Manuel Jesús Soria. La propia resolución judicial señala que los demás integrantes de dicha comisión señalaron a los tres concejales del PP que el procedimiento que estaban siguiendo no era adecuado, ni legal.
A pesar del aviso de los demás miembros de la Comisión, el juez considera que los tres concejales “prosiguieron en su acción” vulnerando así el principio de igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos de Almodóvar del Campo “y sin que al resto de ciudadanos se le dé oportunidad de poder acceder en condiciones de igualdad” al puesto de empleo del que se benefició Rocío García-Minguillán, “que se trataba de la hermana de un concejal del grupo al cual pertenecían los propios acusados y eran plenamente conocedores de ello”.
Por ello, el magistrado considera que en este caso “se produce una decisión arbitraria y que se culmina con la firma del contrato. Lo que excluye la urgencia, pues se contrata específicamente por un periodo de tres meses y no por un periodo leve para su posterior convocatoria”.
De los tres condenados, Manuel Jesús Soria González y Jesús González Serrano siguen ocupando sus puestos como concejales del Ayuntamiento de Almodóvar del Campo, mientras que la otra condenada, Marta Blanco, dimitió “por motivos personales” al poco de empezar la legislatura en curso.
La defensa presentará un recurso
La sentencia no es firme y admite recurso, por lo que la defensa de los condenados apelará a la Audiencia Provincial de Ciudad Real. El abogado de la defensa, en declaraciones a Lanza, ha señalado que no están de acuerdo con la sentencia, pues tal y como se producen los hechos no serían constitutivos de delito, ya que mantiene “que es un ayuntamiento pequeño” y en la comisión no había nadie que les asesorara legalmente.