El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha anulado el polémico contrato por el que el Ayuntamiento de Almodóvar del Campo, gobernado por el Partido Popular, adjudicó el servicio del agua a la empresa Acciona, después de que lo denunciara la anterior concesionaria, Aquona, por detectar irregularidades en el proceso que ahora ha confirmado el Alto Tribunal.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, desestima la dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Ciudad Real en febrero de 2016 y, por lo tanto, revoca la adjudicación a Acciona con la consiguiente anulación del acto administrativo recurrido en la gestión del servicio del ciclo integral del agua, que incluía el abastecimiento, saneamiento, depuración y gestión de abonados por un período de 20 años desde septiembre de 2013.
El TSJCM considera en su sentencia que el proceso de licitación y la adjudicación por parte del órgano de contratación se vio “de forma esencial y antijurídica alterado” como consecuencia de la forma de actuar del equipo de Gobierno del PP, que decidió la apertura de los sobres de las ofertas antes de solicitar el preceptivo informe previo.
En concreto, el magistrado explica que la valoración de los criterios contenidos en el sobre B –no evaluables mediante fórmulas– y la petición de los informes técnicos debe de hacerse con anterioridad a la apertura del sobre C –evaluables mediante fórmulas matemáticas–.
“Dichos presupuestos básicos, con fundamento legal, no se cumplieron, ya que la apertura del sobre B tuvo lugar con anterioridad a la apertura del sobre C sin solicitarse informe técnico alguno para la valoración”, indica la sentencia, que recoge que cuando la Corporación, a través del alcalde del PP, José Lozano, pidió un informe para la valoración de ofertas presentadas antes de su adjudicación por el órgano de contratación, lo hizo con el sobre C abierto, “lo que jurídicamente no se podía hacer”.
Y es que, continúa la sentencia, con la apertura previa del sobre C cuando se solicitó el informe, “lo que el alcalde pide es una nueva valoración de ofertas” en un momento del procedimiento en el que no era posible hacerse, de forma que con esta actuación se alteró el marco legal de valoración y clasificación contractual que contaminó jurídicamente la adjudicación y haciéndola ilegal.
Ausencia de técnico en la mesa de contratación
Esta vulneración de la legalidad, prosigue la sentencia, se confirmó también con la alteración de la composición y funcionamiento de la Mesa de Contratación, que actuó sin la presencia del técnico municipal que había elaborado el informe técnico de los sobres B, lo que “pone sustancialmente en duda su proceder y decisión; y que necesariamente se vincula al proceder ulterior y anómalo de la propia Corporación local con relación a valoración de las ofertas”.
Insiste el magistrado en que era “sustantiva y significada” la presencia del técnico municipal –al que no se citó pese a que se podía haber hecho– “y más si por la mesa, se alteró, con posterioridad, el resultado valorativo del informe técnico (exigido por la Ley del contrato) y se da una nueva valoración, que alteró el posicionamiento de los licitadores y que con la apertura del sobre B, antes de solicitar otro informe valorativo, posibilitaba también alterar de hecho la adjudicación”.
Todas estas irregularidades han llevado al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha a anular el proceso de adjudicación –vigente hasta 2033 y aprobado en Pleno con los votos en contra del PSOE y la abstención de IU– en el que Acciona obtuvo 98,50 puntos después de una valoración que el magistrado considera irregular, seguido de los 98,25 de Aqualia y los 96,75 puntos de Aquagest.
