Marta Romero
Alcázar de San Juan
La edil socialista en el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, Ana Belén Tejado presentó el pasado 6 de noviembre una demanda en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Ciudad Real contra el pleno en el que se aprobó la adjudicación de la gestión mixta de Aguas a la empresa Aqualia. De acuerdo al Artículo 47.3 de la Ley 7/85 reguladora de las Bases del Régimen Local, el PSOE considera que esta adjudicación es “nula de pleno derecho”, puesto que se aprobó de urgencia y sin mayoría absoluta (9 votos a favor en lugar de 11).
Ana Belén Tejado ha presentado la demanda a título personal, puesto que el plazo para impugnar los acuerdos plenarios como partido político o colectivo ciudadano venció el pasado 24 de octubre. El Tribunal le ha dado a ella esta posibilidad por ser la firmante del recurso solicitando la suspensión del procedimiento, como medida cautelar, que fue desestimado recientemente. Podía ejercer su derecho hasta el 12 de noviembre. “He presentado la demanda por un compromiso personal, moral y político, con los vecinos, con la Plataforma del Agua y con mi partido”, dijo Tejado.
El motivo de la demanda se basa en la consideración, según la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, que la aprobación de “un acuerdo tan trascendental para Alcázar” debería haber contado con la mayoría absoluta del pleno, no con mayoría simple. Votaron a favor 9 de los 11 concejales del equipo de Gobierno, ya que algunos estuvieron ausentes. Remarcó además Tejado que se realizó de urgencia, no como uno de los puntos del orden del día, “cuando no se trataba de un asunto urgente”. Por estas razones, desde su partido, consideran que la aprobación de la adjudicación de Aguas “es nula de pleno derecho”.
“Fue un acuerdo clandestino y sin transparencia. Perfectamente podrían haber esperado un par de días y facilitar a la oposición la documentación necesaria e informar a los vecinos, puesto que la empresa de Aguas estaba funcionando con normalidad y sus trabajadores cobrando. Además, no estaba en riesgo de disolución, como quisieron hacer creer. Primero porque no estaba en quiebra, como se ha visto después de venderla que han compensado las facturas que antes no valían; segundo porque según la ley (L27/2013) tenían de plazo hasta el 31 de diciembre de 2015 para disolverla”. Tejado opinó que “las prisas” estuvieron motivadas por la “necesidad” del equipo de Gobierno de “coger dinero cuanto antes, tapar los agujeros de su mala gestión y realizar algunas obras antes de terminar la legislatura”.
Anulación
La edil socialista confía en que el Tribunal resuelva “favorablemente” antes de las elecciones, “puesto que se trata de un dato objetivo, no de una interpretación política”. De anularse la adjudicación, el contrato con Aqualia quedaría “también anulado”.
