Ángel Parreño es un hombre con una amplia trayectoria en el campo de los servicios sociales y, de hecho hasta su nombramiento estatal, era director de los Servicios Sociales de Alcázar de San Juan donde es funcionario de carrera.
Licenciado en Psicología por la Universidad de Sevilla, ha sido jefe de servicio de educación y servicios sociales del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan desde 1986, y profesor asociado de la Universidad de Castilla-La Mancha en su Facultad de Trabajo Social, además de que es miembro fundador del Observatorio Estatal de la Dependencia.
En su faceta política, hay que recordar que ha sido primer teniente de alcalde de Alcázar de San Juan en el periodo de 1999 a 2011 y vicepresidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real en el mandato de 2007 a 2011.
PREGUNTA: Ángel, el ámbito de los servicios sociales y las políticas de bienestar social no le son ajenas. ¿Qué supone ahora este nuevo nombramiento tras tantos años de carrera profesional?
RESPUESTA: Lo primero que supone es un reto, pero también una responsabilidad enorme.
Considero que es un reto porque todas las políticas relacionadas con el bienestar social en general y, muy específicamente con los servicios sociales, han sido muy castigadas en los años de gobierno del Partido Popular. Los recortes que todo el mundo conoce se han visibilizado de una forma muy contundente en muchos ámbitos, pero de una forma muy especial en los servicios sociales.
Ahora revertir esa situación de desprotección que se ha generado y corregir los recortes en lo social nos va a costar trabajo y nos va a hacer falta tiempo para poder completarla.
Pero también es una responsabilidad porque yo soy un profesional de la atención primaria de los servicios sociales. Toda mi vida he sido eso y desde esa posición he criticado y he sugerido a los distintos gobiernos , incluidos también los del PSOE, cómo se deberían de enfocar los servicios sociales.
Ahora tengo, en la parcela que corresponde a mi dirección general, la oportunidad de hacerlo y esto me responsabiliza mucho ante mis compañeros profesionales y también, como no, antes los usuarios de esos servicios sociales.
P: ¿Cuál es esa visión que usted tiene de hacia donde debe ir ahora la por dónde va a ir ahora la dirección general que ostenta?
R: En primer lugar, uno de los primeros objetivos es la potenciación y la recuperación en el apoyo desde el Estado a la atención primaria de los servicios sociales.
La atención primaria de los servicios sociales que se desarrolla desde el año 1988 a través del plan concertado, un acuerdo de financiación de las tres administraciones competentes en materia de servicios sociales -Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos-, pero la aportación del Estado había ido disminuyendo progresivamente hasta hacerse ya casi invisible en los presupuestos de este año.
Esta forma de actuar había supuesto que las comunidades autónomas, y de una manera especialísima los ayuntamientos, han tenido que afrontar esa falta de financiación del Estado aportando más recursos y eso es algo que hay que modificar y recuperar los niveles de participación estatales en el Plan concertado.
Pero no sólo hay que trabajar en la financiación, sino también en cuanto a coordinación con el objetivo de garantizar los derechos sociales por igual en todo el territorio, es decir, que sean los mismos para un español que vive en Granollers, que para otro que vive en Vigo o para otro que vive en Alcázar de San Juan.
Esta es una función que compete al Estado porque así se lo encomienda la Constitución, y por eso trabajaremos para hacer que ese plan concertado -que estableció las bases de los servicios sociales- se adecue a la realidad. Desde el año 1988 las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias han legislado y han ido ampliando esos servicios sociales, de tal forma que ahora mismo podríamos decir que tenemos 17 sistemas distintos, o mejor dicho 19 sistemas distintos en España, por lo que al Estado le corresponde armonizar e impulsar la coordinación de todos ellos.
Asimismo, como la dirección general está centrada en las familias y en la infancia, hay cantidad de políticas sectoriales en las que tenemos que ir avanzando porque hay unas diferencias importantes entre los sistemas de protección a la familia y a la infancia en España con respecto al resto de Europa. De hecho, hay recomendaciones de la Comisión Europea, y de todos los organismos europeos, a España en el sentido de avanzar en esas políticas.
P: ¿Y qué situación se ha encontrado de momento en la Dirección General?
R: Me he encontrado a un equipo profesional en el Ministerio muy capaz y muy competente que ejercen sus funciones, lógicamente con las distintas orientaciones políticas de cada gobierno.
Sin embargo, sí es verdad que los recursos humanos de la administración central están mermados como consecuencia de las distintas disposiciones del Gobierno anterior de no respetar la tasa de reposición, es decir, de no cubrir los puestos de las personas que se iban jubilando.
Por eso las estructuras básicas de los Ministerios, y concretamente de esta dirección general, están afectadas. No obstante, insisto, a pesar de eso me he encontrado con un equipo profesional muy potente, muy bien formado y muy experto en este tipo de cosas.
