El sindicato de la enseñanza pública, Anpe, exige que el MIR educativo emane de una normativa marco específica para el profesorado. La organización considera que es prioritaria la elaboración de una “ley de la profesión docente” y un “estatuto docente” que definan cómo atraer a los mejores profesores a las aulas, cómo formarlos y cómo regular una carrera profesional que haga atractivo y motivador el desempeño de su función.
De esta forma, ANPE responde al anuncio del ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, que propuso el sábado en la Convención Nacional de Educación el impulso de un programa de formación práctica tutorizada para prestigiar la labor docente, un MIR educativo de dos años de duración en el que se trabajen todas y cada una de las funciones asociadas a la labor del profesorado.
Para el sindicato es importante el MIR educativo, pero siempre que busque el equilibrio entre “la experiencia docente y la formación académica”, además de “reforzar el proceso de selección previa y el periodo de prácticas de los aspirantes, con una duración uniforme para todo el territorio nacional”.
El acceso a la función docente es una pieza más de lo que debe constituir un diseño de la profesión docente, junto con la carrera profesional, la identidad docente, las retribuciones, los incentivos profesionales y las condiciones de la jubilación.
“Por muy acertado que sea el sistema de selección para acceder a la profesión docente, si el desarrollo de la profesión en sí misma no es suficientemente motivador, seguiremos sin atraer a la docencia a los mejores estudiantes”, ha señalado la organización en nota de prensa.
Los docentes quieren participar en la configuración del MIR
Hay que tener en cuenta que el futuro MIR educativo no entrará en vigor, como mínimo, hasta pasados cinco años debido a que el Gobierno acaba de aprobar el Real Decreto de Modificación del Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes.
Es una regulación de futuro que debe abordarse de manera profunda, por tanto, ANPE exige “la negociación de la propuesta con los representantes del profesorado” y el “respeto a la situación jurídica individualizada de los profesores que ejercen la docencia en el sistema educativo”.
Así pues, consideran que el pacto en torno a esta reforma puede servir de base para la elaboración de una Ley Básica de Educación, que sustituya la legislación vigente y que nazca con vocación de estabilidad para adaptar la educación a los nuevos retos y exigencias de una sociedad en continuo cambio y trasformación.
