Ninguna reforma educativa se libra de generar polémica y tampoco el nuevo Bachillerato aprobado hace unos días por el Consejo de Ministros, que será más flexible, abierto, permitirá pasar de primero a segundo con dos suspensos y conseguir el título con una asignatura pendiente.
La presidenta de ANPE en Ciudad Real destaca que “la solución para luchar contra el fracaso escolar y disminuir las repeticiones no pasa por establecer sistemas de promoción y titulación con materias suspensas”, sino por “reducir el número de alumnos por aula, establecer desdoble y sumar programas de refuerzo”.
Así pues, Mónica Sánchez de la Nieta recuerda que la Lomloe, conocida como ley Celaá, mantiene “las mismas ratios máximas de alumnos por aula que se establecieron hace más de 30 años con la Logse”. En Castilla-La Mancha, las ratios en la ESO son de 30 alumnos, mientras que en Bachillerato llega a los 35.
El sindicato de educación expresa su “absoluto desacuerdo” con que se obtenga el título de Bachillerato con alguna asignatura suspensa, “ni siquiera en los supuestos excepcionales que incluye la norma”. “Esta medida envía un mensaje contrario a la cultura del esfuerzo y del rigor”, expresa.
Asimismo, ANPE alerta de “las graves consecuencias” que tendrán estas medidas para los estudiantes con menos recursos, “ya que no podrán compensar fuera del centro educativo los déficits de aprendizaje”. Las medidas se implantarán en el curso 2022-2023 en primero de Bachillerato y en el curso 2023-2024 para segundo.
El nuevo currículo tampoco convence
En otro orden, el nuevo Bachillerato además incluye una nueva organización con cinco modalidades. La novedad es el Bachillerato General, al que se suman Ciencia y Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales, y dos bachilleratos de Artes, uno de Artes Plásticas, Imagen y Diseño, y otro de Música y Artes Escénicas.
A este respecto, ANPE Ciudad Real señala que “el propio Consejo de Estado advierte de la abstracción y complejidad” del currículo, lo que dificultará su traslado a las aulas y podrá generar “nuevas desigualdades entre las comunidades autónomas” según concreten su desarrollo mediante decretos.
