Antonio Bailón Cuadrado, nacido y residente en Manzanares, y Santos Merino Serrano, natural de Carrión de Calatrava, están entre los últimos restos identificados en la antigua prisión del Valdenoceda (Burgos), donde murieron de hambre y frío más de 150 presos políticos.
La Asociacion de Familias de Represaliados en Valdenoceda, que celebrará mañana, 14 de abril, el tradicional homenaje anual a los represaliados en la antigua prisión, ha confirmado en nota de prensa los nombres de las cuatro últimas personas identificadas.
Como el resto de los presos, Antonio Bailón Cuadrado murió de hambre el 28 de marzo de 1941 y hasta el momento la asociación no ha podido localizar a sus descendientes, aunque “los analisis y los estudios osteológicos realizados por los antropólogos confirman plenamente la identidad de sus restos”.
La asociación trasladará los restos desde el laboratorio a Valdenoceda, donde recibirá entierro con sus datos identificativos y en caja individual después de setenta y siete años, dentro del panteón construido en el cementerio de la localidad para alojar los restos de los presos de familia desconocida.
Por su parte, Santos Merino Serrano, que estaba casado y tenía un hijo y cuatro hijas, murió también de hambre el 2 de mayo de 1941 con tan solo cuarenta y cinco años. Enterrado en el solar de instituciones penitenciarias, la identificación de Santos fue por ADN, ya que la asociación localizó a su familia hace unos años. Familiares avanzaron a lanzadigital.com que recogerán este sábado en Valdenoceda los restos.
Los otros dos hombres identificados son Eustasio Aparicio Justado, natural y residente en Colmenar Viejo (Madrid), que murió el 29 de abril de 1941, y Jesús Chabida Rico, natural de Cuéllar (Segovia) y residente en Madrid, que murió el 24 de abril de 1940. Las dos identificaciones han sido por ADN.
Sesenta y seis restos identificados desde 2010
Con la entrega de los restos identificados este año, ya son 66 los restos que la asociación ha identificado desde que inició este trabajo, en 2010. Con ello, da un paso más en su empeño por recuperar la memoria de aquellos represaliados y por devolver a las familias los restos de sus seres queridos. Se trata de avanzar en un proceso “necesario”, que busca “cerrar heridas que llevan décadas abiertas”.
Los represaliados identificados hasta ahora eran de diversos lugares de toda España. Algunos de ellos procedían de la propia provincia de Burgos, pero también de Ciudad Real, Jaén, Zaragoza, Cantabria, Palencia, Madrid o Álava. Por fin, después de más de 70 años, podrán retornar a su localidad de origen, a su pueblo, con su gente.
Según la investigación del Centro Internacional de Estudios de Memoria y Derechos Humanos (CIEMEDH) la provincia de Ciudad Real destaca por su gran proporción de víctimas mortales durante la represión franquista.
Así pues, este 2018 no será el primer año en el que ciudarrealeños acuden a Valdenoceda a recuperar los restos de sus familiares. Hasta allí ya han acudido familias de Piedrabuena, Villamayor de Calatrava, Argamasilla de Alba, Socuéllamos, Daimiel, Villarrubia de los Ojos o Villanueva de la Fuente.
La asociación critica que el Gobierno de Rajoy olvide a las víctimas
La asociación realizó la primera exhumación de restos (114 cuerpos) en 2007 y comenzó las identificaciones en 2010, gracias a sendas subvenciones concedidas por el Gobierno en 2006 y 2009, respectivamente. Desde esa fecha, la asociación no ha recibido ninguna ayuda oficial y ha tenido que continuar las labores de identificación de restos gracias a las cuotas de asociados y a las donaciones de familias, simpatizantes y amigos.
En este sentido, la asociación recuerda “la deuda que el Estado en su conjunto tiene con estas víctimas y con sus familias y se reafirma en la exigencia de dotar a esta labor de fondos y de estructura suficiente que permita que, de una vez, España sea capaz de comenzar a cerrar esas heridas que llevan tantos años abiertas”.
También muestran su profunda preocupación “por el desprecio y la absoluta ignorancia con que este Gobierno ha tratado a las víctimas y a sus familias y por la nula dotación de fondos para exhumaciones, algo intolerable en un Estado democrático y de derecho”.
